El PAN acusa al PRI de pretender utilizar el tema de los feminicidios que han en Puebla en los últimos meses, como campaña político electoral y el PRI acusa al PAN de usar el tema de la devolución a las juntas auxiliares, de las oficinas del Registro Civil, que les fueron quitadas, como una muestra de buena voluntad del gobierno estatal.

 

Los panistas afirman que los feminicidios constituyen crímenes condenables, que se están investigando, pues el propósito del gobierno es capturar a los responsables y aplicarles todo el rigor de la ley y que de ninguna manera puede afirmarse que constituyan una muestra de que la delincuencia organizada está instalada en la entidad. Hay problemas como en todo el país y se están tomando las medidas necesarias para frenar a los grupos delincuenciales.

 

Los priistas dicen que fueron ellos los que promovieron en el Congreso local que las oficinas del Registro Civil se devolvieran a las Juntas Auxiliares, toda vez que no se reformó la ley reglamentaria de la Ley Orgánica Municipal, que da la titularidad de dichas oficinas al presidente auxiliar correspondiente, además de que las causas que se adujeron para despojar a las juntas del manejo del Registro Civil, en ningún momento han sido documentadas ni comprobadas.

 

Es poco probable que los candidatos “independientes” a la minigubernatura del estado logren unificarse para apoyar a uno de ellos, al que tenga más fuerza. No lo harán porque entre los aspirantes no hay soldados rasos ni tenientes, ni capitanes ni coroneles. Todos son generales.

 

Los consejos de Jorge Castañeda, aspirante independiente a la candidatura para la Presidencia de la República en el 2018, de que se unan porque divididos sólo lograrán pulverizar sus esfuerzos, no serán escuchados.

 

Hay que reconocer al ingeniero Ricardo Villa Escalera, que decidió renunciar a sus aspiraciones para unirse a Ricardo Jiménez, pero nadie más ha tenido ese desplante.

 

Entre los aspirantes independientes los más fuertes son: Ana Teresa Aranda, Ricardo Jiménez Hernández y Leodegario Pozos Vergara. Entregaron más de las 127 mil firmas necesarias para registrarse.

 

Así las cosas, la lucha por la gubernatura de veinte meses será entre tres mujeres: Blanca Alcalá Ruíz del PRI, Roxana Luna Porquillo del PRD y Ana Teresa Aranda Orozco, independiente. Ellas lucharán contra dos candidatos hombres: Antonio Gali Fayad, del PAN y Abraham Quiroz Palacios, de Morena.

 

Las candidatas mujeres: Blanca, Luna y Aranda, como buenas mujeres y en el marco del Mes Internacional de la Mujer, se han lanzado porras, se han felicitado y se han deseado éxito.

 

Ayer, le comentamos de la preocupación que existe entre políticos de diversos partidos por el poco interés que la ciudadanía ha mostrado en el proceso electoral de este año.

 

Le decíamos que los partidos deberán trabajar mucho para despertar el interés de la ciudadanía.

 

Los políticos de ahora, que ya no son como los de antes, anteponen el pleito, los dimes y diretes y los chismes, a la presentación de un programa de trabajo serio para afrontar los más sentidos problemas de la población del estado.

 

Es más, ni siquiera se ha hecho un diagnóstico juicioso, objetivo, de los asuntos más importantes que habrá que afrontar al término de este gobierno. Los priistas hablan del retorno a las juntas auxiliares de las oficinas del Registro Civil y los panistas acusan a los del PRI de aprovechar los feminicidios ocurridos este año para cuestiones electorales y ninguno de los dos problemas podría decirse que son prioritarios.

 

Son problemas que se resolverán con voluntad política para regresar el Registro Civil a los alcaldes auxiliares y el mejoramiento de los cuerpos de seguridad y de la impartición de justicia, para el caso de los feminicidios.

 

La pobreza y pobreza extrema, el desempleo, la cobertura de salud para el total de la población; el apoyo a la agricultura y a la ganadería; el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, en fin, los problemas sociales que no se atienden como es debido desde hace mucho tiempo y que se han ido agravando, eso es lo importante, de lo que debe hablarse, lo que hay que atender.

 

El descrédito en el que han caído los partidos y los políticos que en ellos militan, es precisamente por no atender lo que deben atender y caer en la trampa de la llamada “guerra sucia o de lodo” en la que lo que prevalece es violencia verbal que fácilmente lleva a la violencia física, como ya se está viendo en los Estados Unidos con el tal Trump o a la división de una sociedad ya de por sí escindida por cuestiones económicas o sociales, por prejuicios y demás.

 

El Consejo de Organismos Empresariales que presiden el CPC Francisco Romero Serrano y el licenciado César Bonilla Yunes, están lanzando duros ataques al gobierno estatal como no se recuerda que los organismos que agrupan al sector patronal lo hayan hecho, desde los tiempos en que José López Portillo nacionalizó la banca.

 

Acusan al gobierno local de haber financiado con dinero público el viaje de representantes del Consejo Coordinador Empresarial, a la República de Panamá y del que no han informado nada a los empresarios poblanos: ¿cuántas empresas mexicanas instalarán sucursales en Panamá? ¿Qué artículos fabricados o producidos en Puebla se venderán en ese país latinoamericano? O el viaje ¿fue sólo de paseo financiado con recursos públicos?

 

También tocan el asuntos de los feminicidios, afirmando que se unen a las agrupaciones de mujeres que piden que no haya un feminicidio más.

 

Total, los dirigentes de Consejo de Organismos Empresariales están bravos, como aquellos del Dhiac, organismo político empresarial que se formó en los tiempos de López Portillo y que acabaron apropiándose del PAN, introduciéndole la primera ola de neopanistas, que corrió a los panistas tradicionales o doctrinarios para quedarse ellos dueños del partido, del que han sido desplazados por la nueva ola neopanista.