Hace un par de años, representantes de la sección 23 del SNTE le ofrecieron a Cruz García Reyes, una plaza como intendente en una secundaria de Tehuacán, Puebla a cambio de 120 mil pesos. A pesar que el hombre juntó esa cantidad, nunca le dieron el trabajo.
En 2014 ocurrió lo mismo, personas de la sección 23 ofrecieron de nuevo una vacante en un plantel de Tehuacán. Supuestamente le otorgarían trabajo a Mónica Márquez Valerio a cambio de 170 mil pesos. Ella vendió un terreno y pidió un crédito para reunir la cantidad.
Estas dos personas informaron a MILENIO que presentaron denuncias por el delito de fraude contra Ricardo Amador Tobón, quien personalmente les hizo la oferta y de quien recibieron pagarés firmados, por el dinero que le entregaron.
En entrevistas por separado comentaron que hay otros dos académicos implicados en la venta de plazas en varios municipios: Cándido Carrillo y Pedro Mauleón.
Carrillo ocupa el cargo de titular de la Secretaría de Conflictos en el nivel de secundarias técnicas de la sección 23. Tobón y Mauleón son sus auxiliares.
Los afectados dicen que Emilio Salgado Néstor, secretario de la sección 23, es el protector de Carrillo.
Una investigación de la Secretaría de Educación Pública estatal confirmó la venta de plazas en las que están involucrados Carrillo, Tobón y Mauleón.
La averiguación corrió a cargo de Margarito Solís Hernández, supervisor de la zona escolar 6, quien confirmó las anomalías, según se establece en los oficios SEP-6.2.2-DAL/2984/16 y SEP-6.2.2-DAL/3496/16.
Al confirmarse la "supuesta venta ilícita de plaza laboral", la Dirección de Secundarias Técnicas instruyó a Solís "el levantamiento de las actas administrativas correspondientes contra Ricardo Amador Tobón, Cándido Carrillo y Pedro Mauleón Cano.
Lo anterior está documentado en el oficio SEP-2.1.4-DST/0965/16, del cual posee copia MILENIO, elaborado el 6 de octubre de 2016 por María de la Luz Hernández, responsable de la recepción de los asuntos de la Dirección de Secundarias Técnicas.
En este expediente se menciona que hay un cd con evidencias e información aportada por la parte afectada con el fraude de la venta de plazas.
A pesar de la instrucción que giró la SEP al supervisor de la zona escolar, los tres académicos acusados e investigados siguen ocupando sus cargos y cobrando en la nómina.
Los recibos
Cruz García y Mónica Márquez aseguraron que tienen pruebas que incriminan a la gente del Sindicatao Nacional de Trabajadores de la Educación, como mensajes por celular, grabaciones y videos. Ambos desconocen por qué después de dos años la fiscalía del estado no ha detenido a los responsables.
Los afectados ya acudieron a la Secretaría de Educación Pública para exponer el fraude operado desde el gremio sindical, pero desconocen si la dependencia estatal procedió a investigar sus casos.
Fuente: Milenio