El vocero estatal del PAN, Javier Lozano Alarcón exhibió un fraude más en el que estuvo involucrada Blanca Alcalá Ruiz mientras era alcaldesa de Puebla, ya que a través de Telmo Federico Muñoz Couto, su socio y presunto prestanombres en la concesión de la Gasolinera Nacozari revendió un terreno al entonces organismo operador de agua potable, Soapap, en casi 12 millones de pesos.
En rueda de prensa, el senador rescató la información publicada ayer por el diario 24 Horas que refiere cómo la priista compró a través de Muñoz Couto un terreno de cinco mil metros cuadrados en 850 mil pesos y que vendió posteriormente a Soapap en 11 millones 800 mil pesos durante el trienio blanquista.
El propio Lozano hizo hincapié en que esta transacción se hizo al tiempo que el mandatario estatal era Mario Marín Torres, misma época en que los pasivos del antiguo operador del vital líquido aumentaron hasta 901 millones de pesos, algo que trataron de cubrir los priistas a su salida porque era “su caja chica”.
La explicación del también coordinador de campaña de la coalición Sigamos Adelante, detalló que Telmo Federico Muñoz Couto, quien recordó es el prestanombres de la candidata tricolor de las 250 acciones que posee Blanca Alcalá en la Gasolinera de Nacozari desde que la concesión fue entregada a la tía de la propia candidata, creó la empresa Alta Publicidad SA de CV con la que adquirió este terreno.
“¿Cómo son que hasta van dejando huellitas?” se burlaba Lozano al mostrar la documentación donde Muñoz Couto aparece como solicitante del permiso para la Gasolinera de Nacozari.
“Esto sí es fraude, esto sí es tráfico de influencias, es nepotismo, es abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y todas las demás maldades que se les ocurra”, sentenció el panista.
Asimismo, el senador afirmó que debido a esta mala administración es que el morenovallismo se vio obligado a concesionar el servicio de agua a Concesiones Integrales, movimiento que fue reprochado por el PRI porque asegura, iba a destapar la corrupción de las gestiones de Blanca Alcalá y Mario Marín.
Finalmente, defendió que la gestión hecha en 2013 para otorgar este servicio a un particular fue completamente legal y está amparada en una reforma política que impulsó la bancada tricolor en el Congreso del Estado.