Pablo M fue contratado para entregar “encargos” que consisten en litros de gasolina robada a domicilios particulares y a negocios en Tepeaca y Palmar de Bravo.

“No hay empleos, es la opción que nos dejan. El petróleo es de los mexicanos. No le estamos robando a nadie, es la parte que nos corresponde. El gobierno roba, la gente que trabaja en Pemex roba, a ellos nadie les dice nada”, justifica este joven de 24 años de edad, reclutado a principios del 2015 por una banda de chupaductos.

Debido a que el producto ya se vende en lugares fijos, su carga de trabajo ha disminuido en el último año. Reconoce que sus “patrones” ya no se arriesgan en  trasladar los bidones de un municipio a otro para su venta si no es seguro, y menos si se trata de algún pedido menor a 20 litros.

Es originario de una localidad de Palmar de Bravo en donde el 85 por ciento (38 mil 56 personas) de una población de 42 mil 887, viven en pobreza, según indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2014.

Narra que el salario de un “halcón” de los ladrones de combustible y un transportista de hidrocarburo como él va de tres a nueve mil pesos en una noche. ¿De qué depende?, en su caso, de la distancia del traslado de los bidones.

“Si hay una toma clandestina y me requieren para manejar, cobro hasta nueve mil pesos si es de un municipio a otro. Si es sólo ir a hacer entregas ya pactadas, tres mil en unas cinco horas”, cuenta.

Esta actividad es “bien vista” en la zona, asegura, sobre todo porque es redituable para quienes no tienen empleo.

“Si fueras tú, ¿qué prefieres?, ¿ganar 200 pesos por 12 horas en el campo o nueve mil en tres horas?”, cuestiona.

Incluso, el presidente municipal de Palmar de Bravo –de donde es originario– Pablo Morales Ugalde, declaró a medios locales el 10 de febrero pasado que el robo de hidrocarburo ayudaba a la economía familiar de la zona.

“Yo no lo vería así. Yo no lo vería como preocupación, ¿no?, mientras que en las estaciones de servicio vale (el litro de gasolina) 13 pesos, ustedes por donde caminen, Distrito Federal (Ciudad de México), el Bajío, el Norte o al Sur anda de 5 a 6 pesos (el litro que comercializan los chupaductos). Habría que preguntarles a los ciudadanos qué opinan de ello. Les beneficia”, respondió en ese entonces el también empresario gasolinero cuando fue interrogado si preocupaba en su demarcación el incremento en tomas clandestinas.

El papel de las mujeres

En medio de la disputa que existe entre las mafias de chupaductos en la región, que representó el año pasado en mil 200 millones de pesos, poco a poco se ha sumado mujeres y niños.

En un recorrido que realizó CAMBIO en Palmar de Bravo y Tepeaca, constató con habitantes y algunos involucrados en este negocio que la extracción del producto del poliducto Minatitlán-México que cruza en la zona, y su venta en el mercado negro se ha convertido en una forma de vida de familias completas. ¿La justificación?, la falta de empleos.

El papel de las amas de casa, principalmente, es despachar la gasolina desde sus domicilios a clientes ya conocidos, mientras sus esposos, hermanos o padres participan como chupaductos en algún grupo.

Poco a poco llegan camiones de carga, en su mayoría procedentes de la central de abastos de Huixcolotla a los domicilios particulares en donde se comercializa el producto. La venta se concreta al interior y en la mayoría de las ocasiones lo hace una mujer.

“Yo tengo vecinos que lo venden. Son las nueras quienes se encargan de despachar mientras sus maridos duermen porque trabajan en la noche (en extraer la gasolina de los ductos). En Quecholac todavía se hace muy discreto, pero en Palmar de Bravo, este tipo de ventas son muy descaradas”, dijo una vecina.

Las familias que no se dedican a este negocio hablan poco sobre el tema, temen represalias y las que lo hacen permanecen en anonimato.

Niños halcones

“Son familias completas las que se dedican a esto. Hasta los niños son ocupados de halcones”, dijo otro entrevistado de Palmar de Bravo, municipio en donde en dos ocasiones han sido desarmados y secuestrados militares.

Ya es normal ver a menores de edad en las entradas de las poblaciones y en inmediaciones de zonas en donde cruzan los ductos. Su labor es observar cuándo se acercan militares o policías y avisar de inmediato a través de los teléfonos que los “jefes” les proveen.

El propio fiscal Víctor Carrancá Bourget reconoció a principios de este año que en el Triángulo Rojo, entre los grupos que se disputan la plaza que representan los municipios en robo de hidrocarburo son Zetas.

Los entrevistados prefieren no ponerle nombre a las bandas, sólo dejan en claro que son “muy peligrosos y están muy bien organizados”, además que siempre hay altos funcionarios que los ayudan a elevar las ganancias de este negocio, ya que tan sólo en los primeros seis meses de este año han sumado 616 ordeñas que ha derivado en balaceras, explosiones y secuestro de funcionarios.