Senadores de la República, entre ellos el panista poblano Javier Lozano Alarcón votaron a favor para transferir las funciones de las juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel local como federal, al Poder Judicial de la Federación, además de obligar a los sindicatos a acreditar la mayoría cuando pretendan iniciar una huelga para buscar la renovación de un Contrato Colectivo del Trabajo (CCT).

Las reformas fueron aprobadas con 26 votos a favor y 9 en contra en Comisiones Unidas,  cuyo dictamen fue avalado por las bancadas del PRI y del PAN, mientras que en contra votaron los senadores del PRD y el senador priista, Isaías González, quienes a pesar de considerar como un avance que los juicios laborales ahora sean tratados por el Poder Judicial, calificaron de retroceso los cambios “de última hora” hechos al derecho de huelga en la Constitución.

Entrevistado sobre el tema en El Financiero, Lozano Alarcón justificó que las medicaciones a las leyes eran necesarias y que no dejan en un estado de indefensión a los obreros.

“Desde hace casi 25 años se ha estado buscando un cambio estructural de esta naturaleza; significa transferir la función jurisdiccional, que hasta hoy han tenido las juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como a nivel estatal, al Poder Judicial de la Federación”, señaló.

A diferencia de Lozano, los senadores poblanos que votaron en contra del dictamen fueron Miguel Barbosa Huerta del PRD y Manuel Bartlett Díaz del PT.

La iniciativa enviada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto plantea eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de un nuevo organismo descentralizado que será el encargado de registrar los contratos y dar las tomas de nota.

Ante esto, el senador Miguel Barbosa precisó que su bancada no aprobaría las modificaciones debido a que de último momento se incluyó que el emplazamiento a huelga ahora debe ser verificado con la mayoría de los trabajadores.

“El hecho de que tenga que haber una verificación antes del emplazamiento anula el derecho de huelga, en este caso nos quedamos con el texto constitucional como está. Pintamos nuestra raya en la anulación del derecho de huelga”, dijo en entrevista para el Financiero.

El dictamen tiene que pasar al pleno para su discusión y en su caso, aprobación.