El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinó que sea el Congreso local la instancia que sancione a los alcaldes de Coronango y Huejotzingo, Hermelinda Macoto y Carlos Alberto Morales quienes en horario laboral acompañaron en un mitin a la entonces candidata del PRI a la minigubernatura, Blanca Alcalá Ruiz.
La queja identificada con la clave TEEP-AE-092/2016 fue emitida por Compromiso por Puebla, en la cual integraron pruebas que demuestran la participación de los alcaldes priistas en un evento proselitista de la malograda candidata, celebrado el 1 de junio en la región de Huejotzingo.
A decir de los magistrados locales, los presidentes municipales vulneraron el principio de imparcialidad por asistir a un acto de campaña en día y horario laboral, además que distrajeron sus actividades laborales, pese a que ambos personajes habían solicitado licencia para poder acompañar a la candidata.
“Los presidentes vulneraron el principio de imparcialidad por asistir a un acto de campaña en día hábil contraviniendo el artículo 8 del Código Electoral del estado. Distrajeron sus actividades laborales para acudir a tal mitin político en Huejotzingo”, justificó el magistrado ponente, Ricardo Rodríguez Perdomo.
En consecuencia, el Pleno del TEEP aprobó dar vista al Congreso del Estado para que analice la situación y aplique las sanciones correspondientes. No obstante, impuso una amonestación pública al Revolucionario Institucional por la conducta de sus militantes y de los presidentes municipales.
Aprueban sanción vs organización civil
El TEEP desechó la solicitud de revocación que presentó Movimiento Ciudadano a la sanción que el Instituto Electoral del Estado determinó en contra de la organización denominada Comisión de Derechos Humanos de Chiapas AC “Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia”, por haber incumplido con el proceso de fiscalización de los recursos que se les entregaron como observadores electorales del pasado comicio local.
Según la ponencia a cargo del presidente del tribunal, el partido político en cuestión (MC) carece de interés jurídico para combatir las omisiones técnicas en el informe de gastos presentados, además que no afecta su esfera jurídica, por lo cual resolvió improcedente la solicitud, para finalmente desecharla.