La fracción del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para homologar las leyes locales con la Ley de Disciplina Financiera, para que el financiamiento a través del Pago por Prestación de Servicios (PPS) sea considerado deuda pública y que el gobernador, diputados, auditor superior del Estado y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sean sometidos a un juicio político de comprobarse un mal manejo en la deuda pública.
La propuesta fue presentada por el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, José Chedraui Budib, a días de que el Diario Reforma revelara la existencia de un Fideicomiso que el Gobierno del Estado entregó a la empresa Evercore para administrar el recurso obtenido del Impuesto sobre la Nómina por los próximos 50 años.
De acuerdo con el diario nacional, la creación de este fideicomiso fue solicitado por los empresarios que tienen contratos con el gobierno estatal a través de PPS para garantizar el pago de los convenios en los próximos sexenios, lo que implica la opacidad en el manejo de estos recursos que serán manejados por una entidad privada que no está obligada a rendir cuentas a la ciudadanía.
Es por ello que el diputado del PRI promovió reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios; la Ley de Presupuesto y Gasto Público; y la Ley de Deuda Pública del estado.
Juicio político por mal manejo de la deuda
Estas modificaciones también consideran como causal de juicio político el mal manejo de la deuda pública por parte del ejecutivo del estado, los magistrados del TSJ, los legisladores y el auditor superior del Estado.
Así lo establece la propuesta de reforma al artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, donde se considera motivo de juicio político las violaciones graves a la Constitución del Estado; el manejo indebido de fondos, recursos y deuda pública del Estado; y actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Dicha propuesta fue enviada a comisiones para su análisis, aunque el diputado del PRI advirtió un bloqueo morenovallista después de que el diputado del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, advirtiera que sólo serán aprobadas las reformas que tengan que ver con la homologación de la Ley de Disciplina Financiera y no todas las que presente el priista.