Puebla forma parte de seis entidades en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró irregularidades que ameritaran presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), a pesar de las observaciones económicas por mil 442.2 millones de pesos que se detectaron entre 2011 y 2014.
A diferencia de un grupo de 25 estados que enfrentan procesos judiciales por desvío de recursos, Puebla al igual que Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán no figuran en esta condición, según el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación.
En contraste, por el número de denuncias promovidas por la ASF en su contra, el gobierno de Veracruz encabeza la lista con 56 procesos acumulados, seguido de Jalisco con 23, Michoacán 21, Morelos con 19 y Chihuahua con 17 juicios promovidos de un total de 270 contabilizados en los últimos 16 años.
Observaciones para Puebla
El último reporte que la ASF requirió a Puebla la aclaración por un monto de mil 442.2 millones de pesos en las auditorías realizadas en las cuentas públicas del Gobierno del Estado, entre 2011 y 2013 por 534.3 millones de pesos, y en 2014 por un monto de 809.4 millones; de los cuales 98.5 fueron resarcidos.
Los proyectos en los que en dicho periodo la ASF detectó posibles daños a la Hacienda Pública Federal fue en la remodelación del Auditorio Metropolitano por 22.3 millones de pesos, sobre costos por 42 millones de pesos en la compra de trenes para el Tren Turístico Puebla-Cholula, dos millones de pesos en la construcción del Distribuidor Vial D9 del Periférico Ecológico, y en relación al ejercicio de 2.8 millones de pesos de las obras de remodelación del Estadio Cuauhtémoc.
También requirió información sobre la aplicación de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (484 mil pesos), del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (118.2 millones), y del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (109.2 millones).
Asimismo, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativa (98.3 millones), del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (41.3 millones), y de Programas y Fondos Federales (892 mil pesos) en donde hubo observaciones por los auditores federales.