Desde hace seis años, la Asociación de Gasolineros Unidos de Puebla y Tlaxcala acusaban a la entonces alcaldesa, Blanca Alcalá de favorecer algunos empresarios con permisos para el establecimiento de estaciones. Mientras que en el 2005 el ex gobernador Mario Marín se quejaba de cómo había recibido la administración en materia de educación. Y en el 2008, Alfredo Arango, entonces director del Issstep, exigía a la Secretaría de Finanzas el pago de más de 7 millones de pesos, por concepto de homologación de salarios de médicos y enfermeras.
Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la Asociación de Gasolineros Unidos de los estados de Puebla y Tlaxcala, acusaba a Blanca Alcalá Ruiz de realizar un pago de facturas a empresarios que la apoyaron durante su campaña para la alcaldía, mediante la autorización discrecional de permisos para el establecimiento de gasolineras en el municipio de Puebla, señalando a Manuel Espinosa como uno de los principales benefactores, además de familiares cercanos a Manuel Cañedo Benítez. También denunciaba que se solicitó la lista de los permisos que se dieron en los últimos seis meses para este tipo de negocios, sin embargo, la Comuna entregó una lista apócrifa. En consecuencia, anunciaba un paro de servicios si se mantenía la componenda.
El gobernador Mario Marín Torres reconocía que su administración tenía que enfrentar “un cuadro vergonzoso” en diversos rubros como el penúltimo lugar en aprovechamiento en educación básica, así como el hecho de ocupar el lugar 24 en competitividad y los primeros en corrupción, por lo que hacía un llamado a los maestros, padres de familia y autoridades educativas para realizar un esfuerzo adicional en aras de sacar adelante al estado de Puebla. En clara alusión a cómo recibió la administración en materia educativa, sostenía que “no podemos ocultar la realidad. Tenemos que darnos cuenta en qué piso estamos parados, en qué situación estamos ubicados, para que a partir de ahí podamos, todos unidos en una gran alianza por el desarrollo del estado, sacar adelante a nuestra entidad.”
Alfredo Arango García, director general del Issstep, acusaba a la Secretaría de Finanzas, a cargo de Gerardo Pérez Salazar, de adeudarle al organismo 7 millones 500 mil pesos por concepto de la homologación de salarios para los médicos, enfermeras, químicos y odontólogos.
Arango revelaba que a mediados del 2006 el gobernador Mario Marín Torres se había comprometido a pagar el recurso destinado a la homologación, pero hasta ese entonces el dinero no había sido repuesto a las arcas del organismo: “Porque obviamente una sugerencia del señor gobernador es una orden para mí.”
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el presidente Felipe Calderón Hinojosa enviaban a Ana Teresa Aranda al exilio político, al dejarla sin posición alguna en la lista de candidatos por la vía plurinominal, luego de que la ex funcionaria federal se negara en reiteradas ocasiones a dejar la Subsecretaría de Gobernación para participar en la contienda electoral del próximo 5 de julio.
Germán Sierra Sánchez, delegado de la Conagua, confirmaba que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) no perdería el subsidio de 700 millones de pesos que recibía a través de diversos programas de la dependencia pese a su privatización, pues explicaba que únicamente se concesionó la operación del servicio a la empresa Agua de México y no la infraestructura.