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Invitado Especal
La Quinta Columna


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  Quedan intactas las conclusiones de Silva


El gobernador, Pacheco y las autoridades inculpadas podrán ofrecer pruebas a su favor

 

El ministro seguirá al frente de las investigaciones del caso Marín-Cacho. Una vez que las autoridades involucradas en las violaciones a las garantías de la periodista hayan presentado sus respectivas pruebas, el ministro tendrá que emitir nuevas conclusiones, en las que podrá señalar culpables e involucrados, aunque no podrá recomendar sanciones

El ministro Juan Silva Mesa Cambio/ Foto/ Archivo/ Ulises Ruiz

 

Selene Ríos Andraca  

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en una reunión privada, que el ministro Juan Silva Meza continúe al frente del caso Marín-Cacho, así como también que las conclusiones, en el sentido de que Mario Marín Torres y otras autoridades estatales confabularon para violentar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, siguen vigentes, excepto la recomendación al Congreso de la Unión para iniciar un juicio político en contra del mandatario poblano.


Al aprobarse el acuerdo que regula las facultades investigativas de la Corte de Justicia, el pleno determinó que Juan Silva deberá de otorgar la garantía de audiencia a Mario Marín Torres y el resto de los funcionarios estatales involucrados, entre ellos, la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez, el magistrado presidente Guillermo Pacheco Pulido y la jueza Rosa Celia Pérez González.


Una vez que los funcionarios estatales y la defensa de Mario Marín — a cargo de Alonso Aguilar Zínser y Fabián Aguinaco Bravo— hayan descargado sus respectivas pruebas, Juan Silva tendrá que emitir nuevas conclusiones, en las que podrá señalar culpables e involucrados, aunque no podrá recomendar sanciones.


En entrevista para Cambio, Jesús Aranda Terrones —periodista de La Jornada y especialista en la fuente de la Suprema Corte de Justicia— explicó que el dictamen presentado por Silva Meza el pasado 26 de junio, será considerado por el pleno del máximo tribunal de justicia en el país como un informe preliminar. Es decir, como la base para que los investigados presenten sus pruebas y alegatos, como a su derecho convenga.


El nuevo dictamen, dijo el periodista, no contendrá la recomendación al Congreso de la Unión de iniciar un juicio político contra Marín; carecerá de la solicitud de que el Tribunal Superior de Justicia en Puebla sancione a Pacheco Pulido y a Enrique Ruiz Delgadillo; omitirá la propuesta de que el Congreso local proceda en contra de la procuradora Blanca Laura Villeda y excluirá el encargo de que el Ministerio Público local actúe en contra de las autoridades poblanas.


Empero, aunque no existan sanciones en el nuevo dictamen de Silva Meza, como el nuevo reglamento lo señala, el ministro sí podrá señalar a los responsables y la tesis de que las autoridades estatales confabularon para aprehender a Lydia Cacho y así favorecer a Kamel Nacif, seguirá efectiva.


A decir del especialista en la fuente del máximo tribunal del país —encargado de la misma desde 1994— en la determinación que tomó ayer la Corte es muy posible que el contenido de fondo de la pesquisa de Silva Meza no cambie, es decir, Marín seguirá señalado como parte de la conjura para la aprehensión de Cacho.


Uno de los puntos de las conclusiones de Silva, que se mantendría intacto con el nuevo reglamento, es el primero, el cual versa: “Sí existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y de Quintana Roo para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, violando además los principios democráticos de federalismo y división de poderes en especial el principio de independencia judicial.”


Los cambios se tendrán que dar en las vertientes tercera, cuarta, quinta y sexta. Pues a partir de la séptima conclusión se trata temas sobre el combate a la pornografía infantil, el lenocinio y la prostitución de menores de edad.


La fracción tercera del dictamen que será modificado dice: “Corresponde al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia o no del juicio político que corresponde instaurar a un alto funcionario de la federación como lo es el gobernador Constitucional del Estado de Puebla, licenciado Mario Plutarco Marín torres.”


La Cuarta establece: “Por lo que ve a la responsabilidad de las autoridades que participaron directa o indirectamente en la componenda del gobernador con el empresario al que auxilió, tocará analizar a la Legislatura de cada entidad federativa iniciar el procedimiento que corresponda contra el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, así como en contra de los procuradores generales de Justicia de los estados de Puebla y de Quintana Roo.”


Otra modificación será en el punto quinto: “Al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sin la participación de los involucrados, decidir sobre la conducta de los funcionarios judiciales en lo particular la juez Quinto Penal con residencia en la capital del estado de Puebla, Rosa Celia Pérez González, en términos del artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la dicha entidad.”


Finalmente, la última modificación será en la sexta conclusión: “Al Ministerio Público de los estados de Puebla y de Quintana Roo, el ejercicio de las acciones penales que correspondan por la corrupción de autoridades y por los delitos contra la administración de justicia que se consideren cometidos.”

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) giró un comunicado de prensa para dar a conocer que los ministros acordaron establecer las mínimas reglas para las investigaciones marcadas en el artículo 97 constitucional.

Según el boletín, la corte sólo podrá averiguar algún hecho que constituya graves violaciones de garantías individuales,  sin establecer sanciones jurisdiccionales o prcesales.

 

“Los ministros redactaron a partir de un interesante debate, las reglas que deben regular las acciones que conlleva una investigación para averiguar, únicamente, algún hecho o hechos que constituyan graves violaciones de garantías individuales, sin que conlleve una función jurisdiccional o procesal”.


En entrevista para Cambio, Jesús Aranda Terrones —periodista de La Jornada y especialista en la fuente de la Suprema Corte de Justicia— explicó que el dictamen presentado por Silva Meza el pasado 26 de junio será considerado por el pleno del máximo tribunal de justicia en el país como un informe preliminar. Es decir, como la base para que los investigados presenten sus pruebas y alegatos, como a su derecho convenga.

 

A decir del especialista en la fuente del máximo tribunal del país —encargado de la misma desde 1994— en la determinación que tomó ayer la Corte, es muy posible que el contenido de fondo de la pesquisa de Silva Meza no cambie, es decir, Marín seguirá señalado como parte de la conjura para la aprehensión de Cacho.

 

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