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  Óscar Aguilar quiere dar carpetazo a denuncia por fraude en su contra

Efraín Núñez Calderón  

Por influencias de Óscar Aguilar González, titular del Instituto Poblano del Vivienda, la Fiscalía Anticorrupción intentó por segunda ocasión dar carpetazo a la denuncia que defraudados del fraccionamiento Gobernadores presentaron en contra del funcionario marinista, acusaron los afectados.
En entrevista con Cambio, Abraham González, representante de los demandantes, aseguró que Anahí Romero, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol), se ha negado a apoyarlos, ya que ni siquiera los ha podido recibir en lo que lleva en el cargo.

Según González, entre el 3 y el 4 de agosto los vecinos recibieron citatorios —fechados el 27 de julio— para que en un plazo de 15 días se presentaran a reclamar sus derechos sobre la denuncia radicada en la averiguación previa 1905/2005/dms2:

“Nos llegan 6 ó 7 días después de haberse emitido, en días inhábiles y se las dejan a los vecinos. Si no comprobamos nuestros intereses se darán a la tarea de archivar sin que haya motivo alguno. Este es el segundo citatorio, hace un año intentaron hacernos lo mismo (…) Cuando fuimos a ver por qué la querían archivar nos dijeron que no había motivos para demandar a Óscar Aguilar, ya que no teníamos pruebas.”

A pesar de que han presentado un sin número de pruebas documentales como bauchers para depositar dinero en una cuenta a nombre del IPV y diversos contratos de comodato con las rúbricas de Óscar Aguilar —mismos que han sido publicados en este medio—, el argumento de la Fiscalía es que las mismas no son suficientes para abrir investigación contra el funcionario:

“No sabemos el motivo por el cual esas pruebas no son suficientes, sabemos que tiene fuero, por si fuera poco Óscar Aguilar ha reconocido en diversas entrevistas con los medios de comunicación que esa es su firma.”
Una de las preocupaciones del grupo de afectados es que en los próximos meses se lleven a cabo desalojos masivos, los cuales de hecho ya comenzaron. Hasta el momento, a decir de González, tres familias han sido forzadas a dejar sus hogares con el uso de la fuerza pública: “Nos preocupa que Óscar Aguilar diga que está siendo protegido por el gobernador Mario Marín y por el Gobierno del estado”.

Asimismo, manifestó que sólo 8 por ciento de las 600 casas son regulares, es decir, más del 90 por ciento de las viviendas no cuentan las características necesarias para obtener las escrituras correspondientes. Por ello, desmintió a Óscar Aguilar, quien en días pasados declaró que el proceso de escrituración de las viviendas del IPV ya comenzó y que estará terminado en noviembre próximo.

Los inconformes se quejan
de la delegada de Sedesol

En otro orden, Abraham González denunció que en lo que lleva en su cargo Anahí Romero, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social Federal (Sedesol), no los ha querido recibir para buscar alguna solución por parte de la federación.
Aunque reconocen que han tenido apoyo de algunos funcionarios de la dependencia a nivel federal, Anahí Romero no ha respondido a estas expectativas, por lo que presumen que la funcionaria podría estar protegiendo a Óscar Aguilar: