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  Justifican envío de dólares a EU

Claudia Guerrero Agencia Reforma 

Los más de 205 millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon fueron trasladados al Bank of America para darles autenticidad, ya que sólo la Reserva Federal de Estados Unidos está facultada para hacerlo.
Luis Miguel Álvarez Alonso, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), justificó de esta manera el traslado del decomiso realizado en marzo pasado, en una residencia en las Lomas de Chapultepec.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Permanente, explicó que el dinero debía ser autentificado y contabilizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que opera a través de dicho banco.

"Seguramente ustedes se preguntarán ¿por qué este dinero lo mandó Banjército al Bank of America? Para autentificarlo, contarlo y respaldarlo y, porque la única instancia facultada para ello es la emisora, es decir la Reserva Federal de Estados Unidos y lo hace a través de dicho banco, es decir, el Bank of America", dijo.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, Álvarez Alonso reconoció que los dólares fueron trasladados físicamente al territorio estadounidense, pero rechazó que el Gobierno mexicano haya estado en riesgo de perderlos.

"Los dólares, desde luego que viajaron a Estados Unidos, pero los recursos siempre estuvieron respaldados por los estados de cuenta emitidos por Banjército y la Tesote a favor del SAE. Los recursos siempre estuvieron en poder del Gobierno Federal", afirmó.

También aceptó que los dólares encontrados en la casa de Las Lomas ya fueron circulados a distintas tesorerías, por lo que las autoridades mexicanas sólo cuentan con los comprobantes electrónicos del monto, pero no con los mismos billetes que fueron localizados por la PGR.

Al presentar un informe, el funcionario reconoció que la operación electrónica tuvo un costo de casi millón y medio de dólares, que –compensados por los más de 2 millones de dólares de intereses--, dejó ganancias al SAE de 600 mil dólares.

La Comisión dio por desahogada la comparecencia, pero –según consta en un oficio—quedó pendiente que el Gobierno federal entregue al Congreso toda la información sobre el litigio y la distribución de los recursos.