Secuestran a chofer del alcalde de Lara Grajales a unos pasos de la PGJ

Sin embargo, fue express y ocurrió mientras el presidente municipal declaraba sobre los indocumentados

La versión preliminar de los hechos indica que al chofer le fueron vendados los ojos y fue amagado mientras esperaba detrás de la procuraduría, para después ser torturado mediante quemaduras en las manos

Edmundo Velázquez

El chofer de Juan Abundio Torres Altamirano, presidente municipal de Rafael Lara Grajales, sufrió un secuestro express ayer por la noche, por personas que le arrebataron la camioneta propiedad del edil a una calle del edificio central de la Procuraduría General de Justicia, y con él mandaron un mensaje de amenazas para el munícipe.

Los hechos fueron confirmados por el dirigente estatal panista Rafael Micalco, quien acompañó al edil mientras ampliaban su declaración por los hechos ocurridos el domingo pasado, cuando pobladores enardecidos dejaron en libertad a 34 inmigrantes centroamericanos y ocasionaron destrozos por más de un millón y medio de pesos en contra de la presidencia municipal y vehículos oficiales de la localidad.

De acuerdo a detalles del equipo de trabajo del edil, la camioneta Cadillac modelo Avalanche está desaparecida. La versión preliminar de los hechos indica que al chofer le fueron vendados los ojos y fue amagado mientras esperaba detrás de la procuraduría, para después ser torturado mediante quemaduras en las manos. El empleado únicamente fue identificado por el nombre de Jorge, debido a que el presidente municipal, hasta el cierre de la edición, se negó a dar declaraciones a la prensa mientras ampliaba su denuncia.

La versión del secuestro del chofer corrió cuando Torres Altamirano se presentó ayer ante la Procuraduría General de Justicia para presentar a cuatro de los cinco policías municipales de quienes se presume actuaban en complicidad con una banda de polleros que mantuvo secuestrados a centroamericanos por más de cuatro días en una casa de seguridad ubicada a tres calles de la presidencia municipal de Rafael Lara Grajales.

Rafael Micalco, dirigente panista que llegó a la PGJ, se dijo indignado por los hechos. “Es realmente preocupante que a una calle de la misma procuraduría sucedan estas cosas”, mencionó en entrevista.

“Me deslindo totalmente”

Ayer desde el mediodía, el presidente acudió a la PGJ para ampliar su declaración incluida en la averiguación previa número 455/2008. Previo a esto realizó una rueda de prensa en la que admitió que, al momento de los hechos ocurridos el domingo, él se mantenía en el estado de Veracruz atendiendo asuntos “estrictamente personales”.

“No estuve. Hubiera querido estar. También es cierto que fue en día domingo y tenía actividades muy personales que estaban fuera del estado. Estaba en… el estado de Veracruz”, comentó el edil.

Además, el presidente municipal admitió que al poblado que gobierna no llegó sino hasta el lunes a las once de la noche:
“Yo no pude llegar... Si así quemaron las patrullas, pues la verdad es que yo temo por mi seguridad. Yo llegué ayer a las 11 de la noche. Estuvimos en la PGJ, en Segob. Hicimos todo lo que correspondía legalmente.”

El funcionario también admitió que no vive en el pueblo de Rafael Lara Grajales, puesto que “tiene la fortuna de vivir en Puebla”, incluso insistió en que “no afecta el que no viva en el municipio”.

Torres Altamirano negó que se encuentre inmiscuido en la trata de personas, por lo que se deslindó de los hechos, así como de cualquier relación de contubernio con los policías señalados.

“Yo me deslindo de la situación que se está dando. No tenemos que ver nada con el tráfico de indocumentados. Las investigaciones ya se iniciaron. (…) Que se aplique la ley a quien tenga que aplicarse”, señaló.

Cabe decir que cuando el munícipe acudió a la procuraduría, fue acompañado durante la noche por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco. Ambos, para evitar ser vistos por la prensa, entraron a hablar al sanitario ubicado en la planta alta de la Procuraduría.

El dirigente panista se negó a dar declaraciones, y después de acompañar por espacio de una hora al presidente, se retiró de la central de la Procuraduría.

“Son chivos expiatorios”, dicen los
familiares de detenidos por motín

Ayer durante la tarde también se presentaron familiares de los ocho detenidos por motín, acusados de incitar a la población a manifestarse y quemar las patrullas, así como de provocar los destrozos en las oficinas municipales.

Los familiares de tres de los detenidos indicaron que no tuvieron que ver en el disturbio, y que fueron asegurados por error o como chivos expiatorios.

“Mi hijo salía de una fiesta cuando lo detuvieron, y no es justo que quieran que pague algo que no hizo. Varios fueron aprehendidos por equivocación, los agarraron, los subieron y los trajeron aquí. Mi  esposo habló con su hijo y dicen que los han tratado bien, que no los han golpeado, que están bien, él no estuvo en la trifulca”, comentó Irene Cortés, madre de uno de los detenidos.

Según la madre de familia, quien se animó a comentar ante los medios de comunicación, los policías estatales únicamente detuvieron a quien “se dejó”, aunque fueran inocentes.

“Iba yo pasando, iba yo a mi casa, mi casa queda cerca, íbamos pasando y llevaba yo mis niñas, y cuando empezaron la trifulca había policías estatales ahí, estaba todo tranquilo, la gente estaba pasando tranquilo, pero de pronto agarraron y dijeron: ‘agarren a cuanto pendejo se deje’. Entonces empezaron a pegar de macanazos a la gente y los estaban subiendo sin deberla ni temerla”, comentó indignada Irene Cortés.

CDH advirtió abusos a
migrantes desde marzo

Cabe decir que la Comisión Estatal de Derechos Humanos envió un comunicado en el que se asegura que desde marzo de 2008 ya había recibido quejas de pobladores de Rafael Lara Grajales. Los habitantes del municipio aseguraban que había abusos y tráfico de personas de parte de la Policía Municipal.

En el comunicado se menciona:
“La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado advirtió desde el mes de marzo del año en curso, el maltrato e intimidación de elementos de la Policía Municipal del Rafael Lara Grajales en contra de migrantes centroamericanos que transitaban por territorio poblano (…) Se solicitó telefónicamente como medida cautelar, y a fin de evitar que se repitan estas acciones por parte de los elementos de la Policía Municipal, les sea indicado a los citados elementos se abstengan de intimidar, robar o maltratar a los migrantes. La autoridad aceptó la medida y se comprometió a exhortar a los elementos de dicha corporación policiaca para evitar en lo futuro las mismas acciones”.

Sin embargo, la autoridad municipal no dio respuesta sobre si realmente aplicaría las medidas pedidas por la Comisión de Derechos Humanos.

Copyright 2008 / Todos los derechos reservados para M.N Cambio /