Ejército Vengador

Los habitantes de Monterrey y otros municipios de Nuevo León comienzan a padecer ahora la violencia de los militares destacamentados en esa entidad luego de que, en las últimas semanas, 10 de sus compañeros fueron atacados con saña, y algunos incluso degollados. Tras esas bajas, el Ejército la emprendió contra las corporaciones policiacas locales ante la presunción de que algunos agentes son cómplices de los grupos del crimen organizado.

Luciano Campos Garza

En las últimas dos semanas el crimen organizado ejecutó a 10 militares y a otras tres personas en esta entidad. Los cuerpos fueron abandonados en parajes desolados y todos presentaban heridas en el cuello y en el tórax cometidas con armas punzocortantes.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci Zuazua, declaró el miércoles 22 que no se había visto tanta saña contra los militares asentados en diversos municipios de la entidad desde que, en enero de 2007, se inició el Operativo Nuevo León Seguro.

“Lo que nos corresponde es apoyarlos”, agregó; incluso admitió que hay “traidores” en las corporaciones policiacas implicados en los apuñalamientos de los militares pero se negó a proporcionar sus nombres.

La ola de crímenes con arma blanca se intensificó después de que varios desconocidos atacaran el consulado de Estados Unidos en la capital regiomontana el domingo 12 por la madrugada y de que los militares  decomisaran, cuatro días después, nueve toneladas de mariguana, así como un arsenal con más de 50 granadas, decenas de miles de cartuchos y equipo de radiocomunicación en dos operativos conjuntos con elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en una casa de Contry La Silla y en una bodega en Guadalupe.

Fueron estas acciones las que detonaron la ejecución sistemática de personal castrense. En respuesta, los militares emprendieron acciones contra policías municipales que, según ellos, están implicados en las ejecuciones de sus compañeros; también realizaron levantones de civiles y allanamientos a cuarteles policiacos. Hasta el viernes 24 no había sido detenido ninguno de los autores de los degollamientos.

El diputado local priista Félix Coronado asegura que los militares se han extralimitado en sus acciones y actúan ya como un suprapoder. Pide a la Procuraduría General de Justicia del estado actuar para frenar esas acciones anticonstitucionales porque, dice, “no es correcto atacar así a la Policía Municipal.

Cuando Proceso pidió una entrevista al procurador Luis Carlos Treviño Berchelmann para saber su opinión sobre las incursiones militares, el funcionario respondió a través de uno de sus colaboradores que no tenía comentarios y adujo que “las investigaciones sobre los asesinatos de soldados fueron atraídos por la PGR”.

Las ejecuciones

Los primeras bajas militares ocurrieron el martes 14 por la noche en el interior del bar nudista Givenchy’s, ubicado en el cruce de las calles Villagrán y Carlos Salazar en el Centro de Monterrey. Ahí fueron acuchillados los soldados Éder Missael Díaz García, Roberto Hernández Santiago y David Hernández Martínez, a quienes sus ejecutores confundieron con narcomenudistas.

El sábado 18 aparecieron otros tres militares y un exmilitar acuchillados. Dos de ellos –los de David Hernández Aquino y Juan José Pérez Bautista– estaban tirados en un parque de Contry La Silla. Otro era el de Gerardo Santiago Santiago, que fue abandonado al lado de la cantina Los Generales, en el municipio de Juárez. Su cuerpo también presentaba heridas hechas con arma punzocortante. El cuarto fue Eligio Hernández Hernández, un exmilitar que trabajaba en una empresa de seguridad. Tenía las manos esposadas por la espalda.    

    
Al día siguiente, fueron localizados los cuerpos de otros tres militares en el ejido Las Margaritas, municipio de Santiago. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los identificaron. Eran Anastasio Hernández, Claudio Abad Hernández y Héctor Miguel Melchor Hernández; este último era guardia de seguridad. Todos fueron degollados.

El miércoles 22, fueron encontrados tres cuerpos más en el Camino a las Minas, cerca del paraje Piedra Azul, en el ejido El Barro, en Santiago. Un trabajador que reparaba un camino vecinal halló dos cuerpos entre la maleza y dio aviso a la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Al llegar a ese sitio, los ministeriales encontraron otro cadáver.

Fueron identificados como Germán Cruz Lara, sargento segundo de la Séptima Zona Militar; su primo Raúl Lara Cruz, encargado de seguridad de una empresa privada denominada Grupo Ala, y Víctor Márquez Ruiz.

Los médicos legistas Rubén García Guerra y David Carlos Amaya Vega determinaron que Raúl (autopsia 2095/2008) “pereció por shock hipobolémico secundario a trayectoria por arma punzocortante penetrantes a tórax y abdomen”. Su cuerpo tenía 19 heridas; Germán (autopsia 2096/2008) murió por las mismas causas, sólo que él presentó seis heridas penetrantes, así como contusiones en cabeza, pecho, hombros y rodillas, así como quemaduras de segundo grado en los dos brazos y antebrazos, espalda y abdomen.

Víctor (autopsia 2097/2008) murió también a causa de un “shock hipobolémico secundario a trayectoria por arma punzocortante que secciona paquete vascular de lado izquierdo del cuello y penetrantes a tórax y abdomen”. Recibió ocho navajazos.

La reacción militar

Ante los asesinatos de 10 de sus compañeros, los militares se lanzaron contra los cuerpos policiacos.

El lunes 20, un convoy del Ejército llegó a las instalaciones de la delegación de policía en la colonia Lomas del Pedregal, en el municipio de Apodaca, ubicado a 15 minutos al nororiente de Monterrey. Ahí rescataron a dos jóvenes: Miguel Miranda Martínez y Juan Miguel Rodríguez Rosales. Ambos relataron que fueron levantados y sometidos a interrogatorios por un grupo de hombres armados y encapuchados quienes les preguntaron si eran militares. Al final fueron confinados y permanecieron incomunicados durante ocho días en esa delegación.

Al día siguiente, el martes 21, los efectivos de la Sedena hicieron un recorrido por varias delegaciones de Apodaca. A las 2 de la tarde fueron a de la colonia Metroplex, donde desarmaron y detuvieron a varios agentes; luego visitaron la de la colonia Jardines de Monterrey, donde arrestaron a otros policías.

Así mismo, sitiaron el cuartel general de la policía municipal, ubicado en la zona centro de Apodaca. De ahí se llevaron al secretario de Seguridad Pública, Raymundo Saldaña, y a siete elementos. Los militares no exhibieron órdenes de cateo ni de arresto. Poco después liberaron a Saldaña. El presidente municipal, Raymundo Flores, afirma que ninguno de los mandos militares exhibió una orden judicial para arrestar a los uniformados.

Hasta el viernes 24 por la mañana, el alcalde desconocía el paradero de Raúl Camacho Vigil, Juan Gabriel Ibarra Saucedo, José Ricardo López Bocanegra, Hipólito Pinales Barrón, Víctor Manuel Gándara, Armando Salinas González y María Zenobia Ortiz García. Por la tarde de ese mismo viernes, la procuraduría estatal declaró que los siete policías ingresaron al penal de Topo Chico, luego de que el juez segundo federal les dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro forzado.

Por último, se trasladaron al municipio de Salinas Victoria, donde está el cuartel general de la Séptima Zona Militar, a unos 30 minutos al norte de Monterrey. Al parecer, buscaban a varios de sus compañeros desaparecidos. A las 6:30 de la tarde detuvieron a seis preventivos municipales que se desplazaban en dos patrullas.

En entrevista efectuada el miércoles 22, uno de los policías detenidos, Nicolás Meraz Rentería, declaró a los medios locales que los militares lo apartaron del grupo y lo condujeron a un monte. Ahí lo golpearon con las culatas de sus armas. Uno de los soldados le puso el fusil en la nuca.

Meraz Rentería relató que uno de ellos le dijo: “¿Te gusta este pozo pa’ enterrarte, así como han hecho ustedes con nuestros compañeros?”. Tras el interrogatorio fue abandonado en el monte. Requirió atención médica por los golpes recibidos.

Ese mismo miércoles 22 fueron hallados otros tres cuerpos. El Ejército y la PFP comenzaron a efectuar rondines nocturnos en la zona metropolitana. Desde el inicio del Operativo Nuevo León Seguro no se observaba un despliegue similar.

La medida fue aprobada por el gobernador Natividad González Parás, quien declaró que estas acciones continuarán.

Al día siguiente, los militares detuvieron a Vicente Ramírez, un agente de la AEI asignado a la delegación de Apodaca, por su presunta participación en el secuestro de los jóvenes Miguel Miranda Martínez y Juan Miguel Rodríguez.

Por la noche del jueves 23 los uniformados Ricardo Gómez Mesano y Gabriela Pérez Ruiz, de Salinas Victoria, tuvieron un altercado con elementos del Ejército. Gómez, quien conducía la patrulla, aceleró y los militares dispararon a las llantas del vehículo para obligarlo a detenerse. Luego se le acercaron y lo golpearon en el rostro, según relató a los reporteros al día siguiente.

La coordinadora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Silvia Puente Aguilar, considera que los excesos del Ejército son anticonstitucionales. Y explica que no es tolerable que actúan sin exhibir órdenes judiciales. Eso, dice, violenta los artículos 13 y 21de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 50 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Según ella, los militares que cometen estos abusos incurren en responsabilidades penales. “Se están tomando atribuciones que no les corresponden”, afirma.

A su vez, el diputado Félix Coronado Hernández reconoce la labor heroica de los militares, pero reprueba su actuación; también cuestiona a la procuraduría estatal porque, dice, no actúa para detener los atropellos del Ejército contra la población.

“Lo que veo es que el Ejército a veces se siente decepcionado por acciones de estados y municipios, pero no por eso debe comportarse como  una súper fuerza que actúa por encima de los reglamentos establecidos por los gobiernos federal, estatal y municipal.

Y en medio de las críticas por los excesos cometidos en los últimos días, el viernes 24 fueron velados los 10 soldados muertos en las últimas semanas. El gobernador González Parás publicó ese día un desplegado en los diarios locales en el que reitera su lealtad y su apoyo al Ejército en su lucha contra el crimen organizado.

Por la tarde, en Monterrey corrió la versión de que una fuerza de élite de 200 boinas rojas del Ejército llegó al estado para integrarse a la lucha contra la delincuencia organizada.

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