Funcionarios dejan en libertad a un Zeta


Investiga la PGJ al subdirector jurídico y asesor


La fuga del miembro del crimen organizado fue así: llegó un documento ante las oficinas del jurídico del penal, donde se pedía poner en libertad al sujeto. Sin embargo, los funcionarios conocían de otra orden de aprehensión más con la que contaba el presunto sicario

 

Edmundo Velázquez

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Un miembro de Los Zetas fue puesto en libertad del Penal de San Miguel gracias a los funcionarios Oscar Ortega, subdirector jurídico y Eduardo Badillo Pérez, asesor jurídico.
A ambos trabajadores del Centro de Readaptación Social se les detuvo desde el día lunes en sus oficinas. Ayer la Procuraduría General de Justicia inició el expediente número 67/2009 en la Dirección de Averiguaciones Previas Sur y los trasladó a sus instalaciones para iniciar las indagatorias.


Ortega y Badillo son acusados por los delitos de evasión de reo y abuso de autoridad, debido a que pusieron en libertad a un sujeto del cual aún no se confirma su identidad, pero que tiene nexos con el crimen organizado, ya que era un sicario que esperaba a ser trasladado a Tlaxcala.


En el estado vecino se le buscaba debido a que había participado en varios asaltos en carretera, narcomenudeo y robos a vehículos de carga. Recientemente fue detenido en Puebla y enviado al penal San Miguel.


Sin embargo un documento llegó ante las oficinas del jurídico del penal, donde se pedía poner en libertad al sujeto. Sin embargo los funcionarios conocían de otra orden de aprehensión más con la que contaba el presunto sicario. De esta nueva orden los funcionarios hoy investigados no dieron parte, por lo que el reo salió de prisión sin ningún problema. Este documento también tenía que ver con delitos ligados al crimen organizado.


Al conocerse de la fuga, los funcionarios involucrados fueron asegurados en sus propias oficinas los días lunes y martes. Finalmente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.


Aldo Enrique Cruz, titular de Centros de Readaptación en el Estado fue notificado ayer mismo por la Procuraduría General de Justicia de la investigación, según indicaron fuentes de confianza. Incluso, dio aviso a los familiares de ambos empleados quienes pensaban que se encontraban secuestrados o detenidos de manera ilegal.

 

 

 

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