PGJ, incapaz de detener a matapolicías


Reconoce Archundia que no tienen un solo sospechoso ni una pista de los autores que ultimaron a cuatro judiciales y un elemento municipal en el 2008


Edmundo Velázquez

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En plena tribuna del Congreso local, el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra admitió que hasta el momento no existe ni un solo sospechoso o alguna pista de los autores de los cuatro asesinatos de los policías judiciales y el agente de la municipal en Huauchinango ocurridos en el 2008.


En su comparecencia, nuevamente Archundia reconoció que el presunto comandante de Los Zetas en Huauchinango, Manuel Antele Velasco, fungió como policía judicial en la institución, pero que “confía totalmente” en sus subordinados, por lo que aseguró que no existe ningún infiltrado en la Procuraduría General de Justicia.


La que fue la primera comparecencia de Archundia como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Mario Marín Torres, se distinguió porque, desde su mensaje, admitió el luto por el que pasaron los trabajadores de la Policía Judicial así como de la Policía Municipal de Huauchinango, corporaciones que vieron las muertes violentas de sus trabajadores “en las poblaciones de Córdoba, en el estado de Veracruz; Tehuacán, Atlixco, Cañada Morelos y Huauchinango”.


A pesar de esto, fue cuestionado en varias ocasiones por los diputados de oposición, Melitón Lozano, Gustavo Vázquez y Eduardo Rivera, para que detallara cuál era el avance de las investigaciones.


“Hasta este momento ninguna persona ha sido llevada a juicio para responder por ellos, significa que la investigación continúa, no sólo a cargo de nuestra institución sino con la colaboración de las autoridades federales.”


También, el atentado del que fue víctima el subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Víctor Pérez Dorantes, no fue tocado a fondo, pero fue referido en el mensaje como una “agresión sin saldo funesto”. Cuando el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Melitón Lozano preguntó del tema, el funcionario no respondió concretamente al respecto.

 

“No hay infiltrados”
Los del exjudicial Manuel Antele Velasco, el comandante Jairo Baena y la extitular de agentes del Ministerio Público en Cholula, María Eugenia Enríquez, investigados por autoridades federales, también fueron advertidos por el procurador:


“Los medios de comunicación han dado cuenta de la posible participación en actividades ligadas a la delincuencia organizada de personas que formaron parte de nuestra institución, investigadas y perseguidas por la autoridad federal.”


Al respecto, el panista Eduardo Rivera Pérez cuestionó sobre el expediente de Antele Velasco. “Laboró, ya no labora”, mencionó tajantemente el procurador en respuesta. Además subrayó que, para preservar los resultados de las investigaciones contra estos empleados de la PGJ “han colaborado, proporcionando la información sin retraso ni obstáculo alguno”.

 

Enmendó la plana a Ayón
El comentario dentro de su mensaje inicial fue evidente para Mario Ayón, quien un día antes, negó ante la LVII Legislatura la existencia y el paso de grupos de la delincuencia organizada en el estado de Puebla.


“El mayor compromiso es mejorar los niveles de seguridad y no negar que en el territorio poblano hayan dejado de suscitarse eventos relacionados con la delincuencia organizada, que combate el Gobierno de la República, con el apoyo decidido del Gobierno del estado”, aseguró el procurador.


A esto, el procurador sumó las zonas donde la delincuencia organizada transita y que, además de tener paso por municipios del estado, manejan franjas o nodos de comunicación a través de las rutas que comunican a Puebla con Hidalgo, Veracruz, y el Distrito Federal. También subrayó la importancia de estos “nodos” debido a que llegan a lugares como Tabasco y Tamaulipas.


“… lo que aconsejan estrechar los mecanismos de coordinación con las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal”, comentó Archundia.

 

La lista de errores a enmendar
Entre los datos omisos, el procurador se disculpó por no tener avances en el asesinato del diputado suplente del Partido Acción Nacional, José Alfredo Pérez Castro, ni en la detención del autor intelectual del ataque al suplente de Melitón Lozano, Rodrigo López Benavides.


Por su parte, el diputado panista Eduardo Rivera Pérez lamentó que Puebla se mantuviera por debajo de la media nacional según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad AC. Del mismo modo criticó que el Análisis de Competitividad de 2008 en la estadística de “Sistema de derecho confiable y objetivo” Puebla ocupara el lugar 32. Ante las cifras, Archundia no hizo más que doblar las manos, aceptarlas y mencionar que se buscaría mejorar.


En varios momentos el titular de la PGJ señaló a los mismos diputados como los responsables de la falta de mecanismos para agilizar las investigaciones o el control de empleados así como la calidad de los funcionarios.


“No queremos policías de segunda. No queremos una Procuraduría de segunda. No queremos un Congreso de segunda”, señaló para pedir más instrumentos legales para continuar la capacitación de policías y la mejora de la institución que dirige.


Los números de Archundia
A diferencia de otros funcionarios, dentro del informe inicial del procurador Archundia se tuvieron cifras y datos concretos que dejaron más satisfechos a los diputados locales, entre ellos:


La PGJ tuvo 219 quejas en el 2008 ante la comisión local y nacional de Derechos Humanos. De éstas se iniciaron 106 expedientes y se dieron cuatro recomendaciones, denunciando abuso de autoridad o tardanza en cumplimiento de procedimientos.


El órgano de control interno de la PGJ recibió 712 quejas. 236 avanzaron y de ellas se sancionaron a 10 servidores públicos. La sanción más grave fue la inhabilitación por seis meses.


En el 2008 se dieron de baja:
58 agentes del Ministerio Público.
37 administrativos.
58 operativos.
11 peritos.


Se crearon 186 plazas para trabajadores de la PGJ. Actualmente laboran 2 mil 570 trabajadores. Y existen 220 vacantes.
Se mantiene pendiente la creación del Centro de Control de Confianza, con asesoría de la PGR y el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional.


Aún se mantiene pendiente mejorar la Unidad Antisecuestros.


En secuestro, se registró en el 2008 la detención de 31 personas, por 8 denuncias, con un total de nueve víctimas, rescatando con vida a siete de ellas. Pero el delito se incremento de tres secuestros, con relación al 2007.


Fueron evaluadas apenas 71 personas, entre personal del Ministerio Público, policiaco y administrativo, en el Centro de Control de Confianza de la PGR.

 

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