Una monja resultó ser una de las víctimas del empleado del Registro Público de la Propiedad, de la zona de Cholula, Jean Pavón Flores, -recientemente cesado por la Contraloría por sustracción de documentos-, pues resultó que le fue despojada una hectárea de terreno sobre la Radial Zapata. El predio fue vendido en dos ocasiones por las mismas personas.

La situación de la madre Guillermina Coyopol Xicale, vecina del municipio de San Andrés Cholula, obligó a un grupo de habitantes a manifestarse frente a la presidencia municipal para denunciar la existencia de una red de corrupción que implica a funcionarios públicos, quienes en contubernio con el notario número 6, Pablo Daniel González Aragón, han vendido bienes inmuebles usurpando los nombres de los legítimos propietarios.

“Se aprovecharon de mi condición de monja, de que por andar fueras a veces no acudía a ver el terreno. Es una herencia de mi madre”, dijo en entrevista sin contener el llanto.

En tanto, el representante legal, David Vázquez Maldonado aseguró que no es el primer caso que se da, que implica a los registradores del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP).

CAMBIO denunció en su momento la existencia de esta red, que entre sus acciones está la de alterar  los libros y partidas para despojar ilegalmente de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios, así como otras anomalías.

A petición de CAMBIO, Contraloría del estado que encabeza Eukid Castañón Herrera confirmó ayer que por este tipo de denuncias, tres funcionarios públicos del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla  fueron separados de sus cargos “sin goce de sueldo” desde el pasado 8 de noviembre, mientras se investiga su presunta responsabilidad en la sustracción de documentos del Registro Público de la Propiedad, como lo adelantó CAMBIO en su edición de ayer.

Se trata de la ahora ex directora general adjunta del Registro Público de la Propiedad, Marisol Buendía Cisneros, así como quienes fungían el cargo de registradores de Cholula, Jean Pavón Flores y Arturo Muñoz Adauta, fueron separados de sus cargos “debido a que las conductas que se les imputan ponen en peligro el patrimonio de la ciudadanía”.