Reunidos en la explanada afuera del Hospital General del Sur, el nosocomio en donde el menor de 13 años, José Luis Tehuatlie Tamayo agoniza, los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan hacen un recuento de la barbarie que dejó la agresión de los policías estatales que dispararon balas de goma y cartuchos de gas. Setenta heridos, 10 de ellos de gravedad, la desaparición de una mujer de 65 años y la consignación de cuatro vecinos de la junta auxiliar por siete delitos, entre esos homicidio en grado de tentativa.

Los propios pobladores han tendido un cerco de protección alrededor de la madre y la abuela del menor que se encuentran en estado de coma, ante las presiones de funcionarios del gobierno estatal para que acuse a los vecinos de la junta de la agresión al menor de 13 años, pese a que ella misma declaró al Ministerio Público y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) que el disparo provino de los cuerpos de seguridad.

El recuento es, además del menor en estado de coma, un joven de 21 años con perforación en la cabeza que convalece en el mismo hospital, otro vecino perdió el ojo izquierdo, y un adulto que le fue destrozada la mandíbula. De los 10 pobladores heridos, la mayoría recibe atención médica en hospitales particulares, ya que fueron rechazados en las instituciones públicas.

Los pobladores no se limitan a una simple relatoría, pues exhibieron los cartuchos de gas con puntas de goma que fueron disparados a quemarropa, pero la diputada federal Roxana Luna Porquillo ya recolectó tres costales con los proyectiles que quedaron en los alrededores del kilómetro 14 de la autopista a Atlixco.

Como parte de las pruebas, algunos mostraron las huellas que dejaron los proyectiles en sus cuerpos.

Por ejemplo, Filemón Pacio fue alcanzado primero por pólvora en el kilómetro 16 cuando se disponía a acercarse para auxiliar a algunos de sus paisanos que “ya habían caído”, pero mientras se limpiaba la cara recibió un impacto de bala de goma en la cintura. La marca fue exhibida durante la improvisada conferencia de prensa.

Otro habitante más mostró las heridas en su ojo derecho, “afortunadamente no hubo necesidad de ir al doctor. Con hierbas he logrado bajar el dolor”, comentó en entrevista.

Martín Romero Montes, de 65 años, es a quien habrá que reconstruirle prácticamente toda la cara por el destrozo mandíbula, mientras que Hugo Jiménez Varela, de 26 años, fue quien perdió la vista.

Las consignas contra Moreno Valle

Estas denuncias fueron dadas a conocer en una manifestación afuera del Hospital General del Sur el pasado viernes por un grupo de al menos 50 personas, quienes con consignas como: "Moreno Valle, nuestros hijos no merecen balas de goma", "Puebla, primer lugar en agresión a la mujer", entre otras leyendas, mostraron su indignación por la forma en la que fueron replegados cuando exigían el regreso del servicio del Registro Civil a su comunidad. Ahí, denunciaron que los familiares de las personas internadas y de los detenidos han sido presionados para firmar declaraciones ministeriales en las que deslindan de toda responsabilidad a los policías que utilizaron balas de goma, entre otros artefactos, para agredirlos.

Buscaron un día antes a Luis Maldonado

Tanto José Salomé Facio Grande, presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, perteneciente a Santa Isabel Cholula, y la diputada federal Roxana Luna, aseguraron ese día que llevaron a los 10 heridos más graves a clínicas públicas pero que les fue negado el servicio, y que únicamente fue aceptado el menor de 13 años, a la misma Unidad de Pediatría en Urgencias fue llevado Vicente Tecalero Jiménez, un joven de 21 años de edad, quien también recibió un impacto en la cabeza que lo mantiene inconsciente.

El resto recibe atención en centros particulares, cuyos nombres fueron reservados por temor a que puedan ser víctimas de represión.

El edil subalterno narró que un día antes de que se suscitaran los hechos violentos, tanto él como su homólogo de Chalchihuapan y otros de la región de Cholula acudieron a Casa Aguayo para dialogar con el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, sin embargo, ni siquiera les fue permitido el acceso y únicamente un empleado les informó desde la banqueta que el funcionario andaba ocupado.

“Ahí están las consecuencias de tener un gobierno que no acepta el diálogo, que la represión es su única forma de gobernar. Ahora quieren hacernos responsables de lo que ellos mismos han ocasionado”, manifestó Facio Grande.