Sin precisar la extensión de territorio afectado, el presidente municipal Félix Casiano Tlahque acusó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) le restó territorio a Cuautlancingo en sus últimas cifras, situación que ha derivado en la alteración de datos por parte del Catastro del estado.
Entrevistado luego de la rueda de prensa que ofreció para dar a conocer los descuentos por pago anticipado de predial y del servicio de limpia 2017, el alcalde acusó que en las cifras que dio el INEGI al Catastro del estado le quitó parte de las colonias como La Carcaña, Fuerte de Guadalupe y Nuevo León, y se las adjudicó a Coronango y San Pedro Cholula.
“Según el INEGI no nos pertenece parte de la zona de La Carcaña, Nuevo León, y Fuerte de Guadalupe, y donde nosotros estamos demostrando con documentos, que las actas prediales y toda esa parte es de Cuautlancingo. Ya tuvimos plática con los ediles de San Pedro y Coronango, incluso hoy es la reunión con ellos, por ellos no hay ningún problema, yo creo que en breve estaremos haciendo un convenio respaldado por los cabildos de esos Ayuntamientos en donde se reconoce lo que es de cada quien”, externó.
Sin saber el número de hectáreas que le fueron restadas al municipio, comentó que es un atentado grave contra el municipio, ya que en esos datos se basa el Catastro del estado y el propio INE, “según el Catastro del estado ya no pertenecen a Cuautlancingo esas zonas, no sabemos a quién se las dieron desafortunadamente”.
“Es una irresponsabilidad manifestar esos datos, en ellos se basa el INE y Catastro del Estado, por irresponsabilidad del INEGI se saca la información, a todas luces es una irresponsabilidad, no puede ser que una institución con tantos años, afecte gravemente a un municipio. Es lamentable que atenten contra Cuautlancingo”, comentó.
Aseguró que se reuniría con sus homólogos de San Pedro Cholula y Coronango, José Juan Espinosa y Hermelinda Macoto, con quien signará un convenio para que respeten su territorio y luego pueda mostrarlo como una herramienta legal, en donde dichos municipios reconocen el error del INEGI.