Con la presencia del segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 13 periodistas presentaron su queja en contra de funcionarios públicos del gobierno que encabeza Ernestina Fernández Méndez, siendo dos casos de medida cautelar.
El responsable de los casos de agresiones a periodistas, Omar Martínez, integró un expediente especial de competencia federal, de la cual se desprenden dos casos de medida cautelar ante la queja dirigida contra la libertad de expresión en la que está incurriendo la alcaldesa.
La titular de la Casa de Derechos de Periodistas en Puebla, Claudia Martínez Sánchez sostuvo que la prensa en Tehuacán vive una situación difícil en la que los agravios de los funcionarios públicos son graves, por lo que se tienen documentadas la agresión y violación de garantías a reporteros, desde la amenaza pública de la presidenta señalando que el periodista que hable mal de su administración sería denunciado y el dinero generado por la imputación sería para Seguridad Pública.
Una segunda amenaza del síndico municipal, Miguel Ángel Romero Calderón sucedió este miércoles 16 de noviembre al concluir la audiencia pública de vecinos y la alcaldesa, cuando confrontó a una reportera exigiéndole su cédula profesional mientras realizaba una transmisión en vivo para Facebook del medio que dirige.
Romero Calderón ingresó a la oficina privada de la presidenta sin percatarse que la transmisión en vivo de su cuenta de Facebook continuaba abierta y se alcanzó a escuchar “Es que les duele que los estoy grabando a todos, así vamos a hacerles a todos para que se les quite” al tiempo que la voz de Ernestina Fernández se escucha al fondo y lo avala diciendo ‘Y así vamos a hacerle’. Esta técnica la han utilizado diversos funcionarios municipales para hostigar y agredir a reporteros que cuestionan el desempeño de su deber.
Martínez Sánchez mencionó que notificarán a la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), para que se defienda el derecho de informar, así como proteger la integridad de los periodistas y de sus familias, haciendo responsables al síndico y a la presidenta de lo que pudiera sucederles, debido a que más de uno ha identificado a trabajadores de Miguel Ángel Romero, siguiéndolos en más de una ocasión.