La industria y el sector transportista son los principales consumidores del combustible robado en Puebla, por lo que el especialista en temas de seguridad, inteligencia y manejo de crisis, Eduardo Vázquez Rossainz consideró que los empresarios de dichos rubros también deben ser auditados por el SAT como se ha hecho con gasolineras durante los últimos días.

En entrevista para CAMBIO, Vázquez Rossainz indicó que el modelo de auditoría que realiza Pemex a sus estaciones hace que sea casi imposible que éstos adquieran el insumo en el mercado negro, no obstante, el Servicio de Administración Tributaría (SAT) implementaría operativos contra otros posibles adquisidores.

Consideró que el sector fabril, la industria de la construcción y el sector transportista tanto público como de mercancías son los principales consumidores del combustible robado por las células de chupaductos, comercializado por la gran maquinaria de la que dispone el crimen organizado.

“Yo veo con cierta complejidad que los gasolineros estén involucrados en este delito (…) los grandes consumidores de combustible robado son transportistas, la industria que usa para sus procesos diésel y gasolina, además del área de la construcción que utiliza el insumo para tractores y herramientas”; esto, luego de los operativos hechos en al menos tres gasolineras en San Pedro Cholula y Amozoc.

Ladrones de transporte reclutados como chupaductos

Ante las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida acerca de que los chupaductos son pobladores comunes del Triángulo Rojo y no el crimen organizado, Vázquez Rossainz sostuvo que son ex miembros de bandas dedicadas al robo de transporte de mercancía e incluso a la tala ilegal, quienes han sido reclutados por el crimen organizado para el robo de combustible.

“Sin duda, esto se trata de un asunto del crimen organizado aunque sean familias las involucradas. Sí hay organizaciones criminales de alto impacto detrás de esto (…) familias  que estaban involucradas en el robo de transporte, robo de vehículos y la tala ilegal, pero no fueron contenidas y migraron al robo, distribución y venta de hidrocarburo”, dijo.

Ingobernabilidad en Triángulo Rojo obliga a reformar leyes

En cuanto al clima de inseguridad que se vive en la zona de más incidencia por esta actividad delictiva, aseguró que existe ingobernabilidad que obliga a las autoridades a generar nuevos recursos legales que permitan desarticular la red de pobladores que sirve como escudo de los chupaductos.

“Hay que generar mecanismos legales mediante los cuales la autoridad pueda responsabilizar a un particular de estar encubriendo a estos criminales e imponerle una sanción (…) hoy en día la política de seguridad en el estado de Puebla puede replantearse, el modelo de seguridad es obsoleto”, consideró.