Al entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal en Puebla, sólo iniciaron operaciones 12 jueces de oralidad de una meta de 30 que se tenía; sin embargo, en cinco años el gobierno de Rafael Moreno Valle cumplió casi con el 100 por ciento de dicho modelo a pesar de recibir el nuevo método en ceros, ya que todos los estados tuvieron ocho años para la implementación. 

Al vencerse el plazo el pasado 18 de junio, la entidad poblana forma parte de los siete estados que tienen rezagos, principalmente en capacitación de jueces, abogados, y policías. De acuerdo con un informe de la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador de Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), al corte del pasado martes había un avance del 95 por ciento. 

Desde el 23 de enero del 2013 cuando el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la primera Casa de Justicia en Teziutlán a marzo de este 2016, invirtió en infraestructura 485.7 millones de pesos. 

En total, a partir del pasado sábado funcionan en su totalidad 12 centros con 35 salas de oralidad, de las cuales, 16 se ubican en el municipio de Puebla. 

Según el mandatario local, en lo que resta de este año construirá dos nuevas Casas de Justicia, por lo que en total sumarían 14 las que operarían en las seis regiones del estado a inicios del 2017. 

Y aunque no precisa el número de elementos que faltan por ser capacitados, un reporte entregado por el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Rodríguez Almeida a la Secretaría de Gobernación federal en mayo pasado, se especifica que 333 mil 865 elementos municipales y estatales han sido instruidos en la materia, cuya inversión reportada asciende a 71.3 millones de pesos. 

En el nuevo Sistema de Justicia Penal, los policías estarán involucrados en la etapa de investigación y la etapa intermedia del procedimiento, y si se le requiere, serán testigos en el juicio, lo cual ayudará al Ministerio Público en su acusación. 

En la estructura del nuevo modelo, habrá tres actores principales: los policías, quienes se encargarán de investigar; el Ministerio Público, que acusará a los inculpados; y el juez, quien no conocerá el caso hasta el juicio y resolverá -con base en las pruebas- las controversias. 

Puebla y Durango fueron los primeros estados en donde debutara el nuevo sistema el 23 de noviembre del 2014 y de manera gradual, fue avanzando en las seis regiones, siendo el último la zona centro. 

Especialistas en la materia como el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, Roberto Santacruz Fernández asegura que en Puebla sólo el 10 por ciento de los abogados están capacitados para llevar casos en este nuevo sistema.  

¿En qué consiste? 

La constitución mexicana fue reformada en 2008 en materia penal, contemplando que los juicios sean públicos al estilo de Estados Unidos, a fin de hacer eficiente y transparente la impartición y procuración de justicia. 

Con esta nueva modalidad los juicios son más rápidos al pasar de 180 a 96 días, aun cuando se integre un determinado caso a una carpeta de investigación por escrito. 

La reforma señala el principio de contradicción para que las partes estén en igualdad de condiciones al momento de brindar su versión ante un juez. A diferencia del viejo sistema, en éste, los magistrados están presentes en las audiencias. 

En las reglas se establece que el inculpado no debe probar su inocencia sino el Ministerio Público debe demostrar la culpabilidad, parte de la presunción de inocencia.

Toma en cuenta la generación de mecanismos de solución alterna a los conflictos con lo que se podría evitar la prisión, siempre y cuando la víctima esté de acuerdo a través de un diálogo con el imputado. Con esta reforma se apuesta al respeto a los derechos humanos de los procesados.

procesados.