Desde el Senado de la República, el PRI solicitó al Gobierno del Estado un informe detallado del número de servidores públicos municipales asesinados y personas procesadas como responsables de los hechos, dado que la Asociación de Autoridades Locales de México AC (Aalmac) situó a Puebla dentro top ten de entidades más peligrosas para las autoridades municipales.
El punto de acuerdo que ingresó el grupo parlamentario cita al menos ocho momentos en lo que va de la administración de Rafael Moreno Valle en los que presidentes y ex presidentes municipales han sido asesinados a manos de grupos delictivos que reflejan la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos estos servidores públicos.
El primero fue el 20 de abril del 2013 cuando José René Garrido Rocha, ex alcalde de San Salvador el Verde asesinado en su domicilio por presuntos ladrones; 22 meses después ocurrió algo similar con Santos García Machorro, ex edil de Cuapiaxtla de Madero hallado muerto en su domicilio por lesiones provocadas por arma de fuego y armas punzocortantes.
También se incorporó el caso del ex alcalde de Zihuateutla, Juan Ojeda González cuyo cuerpo se encontró el 24 de mayo del 2015 en la carretera a Chicontla, asesinado por sus secuestradores, y un día después se dio el homicidio con arma de fuego del regidor de Chignahuapan, Salvador Méndez Morales, ambos en pleno proceso electoral para la renovación de diputados federales.
Además refirieron el atentado con arma blanca contra Israel Gómez Díaz, ex alcalde de Xicotepec, fallecido el pasado 7 de diciembre, y sumaron los casos de los ex presidentes municipales de Eustacio Tarcisio Lorenzo y Neftalí Hernández Mejía de San Felipe Xochitepec y Domingo Arenas, respectivamente, ultimados en abril y julio pasados con arma de fuego.
Finalmente, citaron el hecho más reciente contra José Santamaría Zavala, munícipe de Huehuetlán El Grande quien el 2 de agosto fue emboscado a bordo de su vehículo por presuntos delincuentes que con armas de fuego le arrebataron la vida cuando se dirigía a su hogar.
Frente a tales hechos, los priistas urgieron al gobierno local a rendir un informe con las cifras de los servidores municipales asesinados en los últimos cinco años y el estatus que guardan las averiguaciones previas, pero también solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado información de las acciones llevadas a cabo ante presuntas omisiones de las autoridades estatales para salvaguardar la seguridad y los derechos humanos en los 217 municipios.
Por último solicitaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas una relación de las acciones ejercidas a fin de atender a cualquier persona en calidad de víctima, sin importar el fuero de los delitos o violaciones a sus derechos.