Jacinto Herrera Serrallonga aceptó haber contratado a un abogado externo para defender su permanencia como consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), después que diversos actores políticos promovieran procesos de revocación del cargo ante el INE por la supuesta parcialidad con la que él y el resto de integrantes del Consejo General se condujeron en el pasado proceso electoral.
En entrevista posterior a la sesión ordinaria, Herrera Serrallonga se reservó el nombre del abogado o despacho encargado del caso, así como el pago por los servicios contratados, no obstante, aseguró que los honorarios serán cubiertos con recursos propios y no del instituto.
“Cada consejero llevó las acciones que consideraban necesarias, en mi caso personal sí contraté abogado. El dinero sale de mi bolsa y no hay recurso público para cubrir este gasto, es un asunto personal y no quisiera ventilar el nombre (…) Es un asunto personal no en contra del instituto y cada quien hace lo que a su derecho le convenga en su defensa”, justificó, sin precisar en qué etapa se encuentra el proceso.
El Reglamento del INE establece que conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que realicen, y violación grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto Nacional Electoral son motivos de remoción de consejeros.
Según el consejero José Luis Martínez López que también enfrenta un proceso de remoción del cargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INEes el órgano encargado de recibir las pruebas que los acusados presenten en su defensa, aunque reconoció que no hay plazo para que concluya dicho proceso, pues dependerá de los mecanismos de defensa a los que recurran los involucrados.
Aprueban reglamento en transparencia
Con la finalidad de proporcionar herramientas que mejoren el acceso a la información y garanticen el principio de máxima publicidad, el Consejo General del IEE aprobó el nuevo Reglamento en la materia, que establece los términos para solventar las solicitudes de información que lleguen al instituto.
Además, incorpora nuevas obligaciones al instituto contenidas en la nueva Ley de Transparencia del estado que se homologó al marco normativo, mismas que se reflejarán en la Plataforma Nacional de Transparencia que habrá de funcionar en su totalidad antes de que concluya el año.
