El gobernador Rafael Moreno Valle entregó ante el Pleno del Congreso local la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual en palabras del mandatario servirá para que los ciudadanos vuelvan a respetar y confiar en las instituciones públicas.

Entre las propuesta del nuevo sistema destacó la creación del Consejo de la Judicatura, encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial, que fue una promesa realizada por el mandatario estatal durante su campaña, la cual cumplió en el ocaso de su administración.

“Se establece un Comité Coordinador que podrá emitir recomendaciones a los órganos del Estado, así como un Comité de Participación Ciudadana para vincularse con organizaciones sociales y académicas; asimismo, se propone crear el Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dirimir controversias entre particulares y la administración pública estatal o municipal”, explicó.

Además, como parte de la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, anunció la conformación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual sancionará por la vía penal a quienes incurran en este delito.

Las iniciativas presentadas ayer servirán para homologar las leyes anticorrupción del estado con las que plantea el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual será el órgano coordinador entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

“Convoco a todos los poblanos, al margen de diferencias ideológicas o partidarias, acabar con la corrupción: con estas nuevas herramientas jurídicas y sumando voluntades, sociedad y gobierno podremos erradicar este cáncer, que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del país”, indicó el mandatario estatal.

En tanto, el diputado priista, Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que la corrupción es el principal motivo por el cual los ciudadanos se han distanciado de los servidores públicos, y que el país está ubicado en el lugar número 105 de 176 países evaluados por la Organización de Transparencia Internacional cada año.

“Durante décadas se ha atribuido de manera simplista la causa de estos males a la falta de una legislación específica en la materia, hoy esta iniciativa es una realidad. Como servidores públicos es importante que nos sumemos al compromiso de generar certidumbre en la ciudadanía”, expresó.