El triunfo de Antonio Gali Fayad como gobernador electo de Puebla fue ratificado de manera unánime por magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego que los opositores no presentaran argumentos suficientes para anular los resultados del pasado 5 de junio cuando triunfó con 11.7 puntos porcentuales ante su más cercana contrincante, la priista Blanca Alcalá Ruiz.

Las acusaciones del PRI, Morena y de las ex candidatas, Roxana Luna del PRD así como la independiente Ana Teresa Aranda sobre ‘injerencia de estado’ durante los comicios pasados para favorecer al ahora gobernador electo, como una presunta parcialidad de los consejeros electorales estatales, además de un rebase en el tope de gastos de campaña, no fueron probadas, ya que los quejosos sólo presentaron notas periodísticas a su favor.

“Las notas periodísticas aportadas por los inconformes no fueron aptas para acreditar, primero los hechos o conductas individuales que, según la postura de los inconformes, implicaron la utilización de programas sociales con fines proselitistas por parte del Gobierno del Estado de Puebla”, expuso en su intervención el magistrado Constancio Carrasco.

A un día de dejar sus cargos, los integrantes de la Sala Superior validaron la resolución que emitió el pasado 9 de octubre el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) por lo que no hay algún impedimento legal para que Gali Fayad tome protesta en febrero próximo.

Quejosos sólo presentaron notas periodísticas como pruebas

En la sentencia emitida por el Tepjf, se dejó en claro que ninguno de los cuatro quejosos logró sustentar el desvío de recursos públicos en favor del ex abanderado de la coalición Sigamos Adelante –PAN, Panal, PT, PSI y Compromiso por Puebla– quien ganó con una diferencia de 11.7 puntos porcentuales a la ex candidata del Revolucionario Institucional, Blanca Alcalá Ruiz.

Para controvertir el resultado de la elección, los inconformes también argumentaron irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo; la intimidación del gobierno de Rafael Moreno Valle hacia los electores, la compra de votos, además del uso de recursos públicos en la entrega de tinacos y paquetes escolares, descuentos aplicados a las fotomultas y la condonación de recargos en el servicio de agua, entre otros.

No obstante, los alegatos que presentaron fueron insuficientes para echar abajo el triunfo de Gali Fayad, quien en las urnas obtuvo 869 mil 878 votos, el 45.1 por ciento del millón 925 mil ciudadanos convocados a las urnas el 5 de junio pasado.

Alcalá Ruiz se quedó con el 33.4 por ciento de la preferencia electoral que representa 643 mil 260 sufragios a favor.

Fue el pasado 16 de junio cuando el PRI, Morena, Roxana y Aranda Orozco impugnaron los resultados de la jornada electoral al considerar que estuvo plagada de irregularidades.

Alanís, alega violencia política

En su intervención, la magistrada María del Carmen Alanís –quien votó a favor del triunfo de Gali– señaló que durante la campaña sí se acreditó violencia política de género contra  Alcalá Ruiz y Aranda Orozco, aunque aclaró que el argumento no era de tal magnitud para llevar a la nulidad de la elección.

Sostuvo que el Instituto Electoral del Estado (IEE) incurrió en faltas para frenar a la ex panista, lo que provocó su participación no se diera en condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes a la gubernatura, mientras que el caso de Alcalá Ruiz, recordó que hubo materiales propagandísticos en los que se desestimó la carrera política de la senadora, al señalar que obtuvo la candidatura gracias al ex gobernador Mario Marín Torres además de criticar su origen tlaxcalteca.