La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no ha notificado cuáles verificentros fueron sancionados económicamente por presentar fallas en sus equipos de medición, luego que la dependencia diera a conocer la semana pasada que multó a centros ubicados en la Megalópolis –entre ellos Puebla– por 13.5 millones de pesos, aseguró el presidente de la Asociación de Verificadores en el estado, Miguel Espina Reyes.

En entrevista telefónica, el empresario explicó que a raíz de que entró en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana de Emergencia en la Megalópolis, se mantenían inmovilizadas 53 líneas verificación en establecimiento del interior del estado, por no cumplir con la medición y métodos de prueba y emisión de contaminantes, no obstante, los dueños realizaron las adecuaciones pertinentes para volver a operar con normalidad.

“Nosotros subsanamos en los primeros cinco días las observaciones que presentamos a raíz de que entró en vigor la nueva norma. Ya sólo estamos esperando la respuesta de Profepa de los centros de verificación restantes”, argumentó.

En la página oficial de la Profepa se observa que hasta el pasado 3 de noviembre, nueve de los 15 centros de verificación en el estado que presentaban irregularidades ya funcionan con normalidad, debido a que ya se levantaron los sellos en las 43 líneas que fueron suspendidas.

Sin embargo, seis más siguen con 10 líneas suspendidas ya que el personal de la Profepa no ha regresado para revisar que cumplan con los lineamientos necesarios para volver a funcionar.

Se trata de los centros de verificación en Chalchicomula de Sesma donde se tienen tres líneas suspendidas, dos en el de Izúcar de Matamoros, dos más en el de Teziutlán, y uno en los centros de servicio de Acatlán de Osorio, Tecamachalco, Zacatlán. Además, hay una Unidad de Verificación móvil cuyo servicio también está suspendido.

Espina Reyes confió en que antes que concluya este mes los inspectores de Profepa puedan revisar que estos seis verificentros hayan cumplido con las adecuaciones necesarias para reactivar las líneas suspendidas e informe sobre los establecimientos que se hicieron acreedores a una nueva sanción, así como la multa económica a la que esta asciende.