Una pena de hasta 12 años de prisión y una inhabilitación de 11 años podría ser la sentencia en contra del ex funcionario marinista Francisco Castillo Montemayor en caso que resulte culpable del delito de peculado, mismo por el que será investigado bajo las reglas del sistema penal tradicional, puesto que la comisión del delito data del 2008, cuando fungía como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En entrevista para CAMBIO el abogado Alfredo Arroyo Razo, de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, detalló que radicar la investigación por peculado en el viejo sistema no es un acto de inconstitucionalidad, no obstante, existen mecanismos para que la defensa de Castillo Montemayor pida la migración a la modalidad de juicios orales.

“La posible sanción que se dicte va en dos sentidos: la destitución o suspensión, pero al no aplicar la destitución, entra una inhabilitación hasta por 11 años y también este tipo de delitos tiene pena privativa de la libertad amplia, lo pueden sentenciar a más de 10 años”, esto por la acusación de peculado por 39 millones de pesos.

El legista recordó que el delito contenido en el Código Penal del Estado dentro del artículo 428 puede ser señalado en contra de cualquier funcionario o ex servidor público dentro de un lapso de 12 años posteriores a la fecha en que se cometió, rechazando que pueda verse como una venganza política en contra del ex funcionario marinista.

“El tema es que una conducta de este tipo puede ser denunciada todo el tiempo en el cual dura la prescripción del delito, es decir, podría denunciarse en cualquier momento dentro de los 12 años posteriores pues éstos son los años que tiene como pena este delito”, explicó.

Es legal procesarlo en el viejo sistema

Sobre la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) para fincarle el delito de peculado a Castillo Montemayor en el viejo sistema, pese a que la averiguación previa y la orden de aprehensión se ejecutaron una vez que ya estaba vigente el modelo de juicios orales, el abogado de la Escuela Libre de Derecho recalcó que no existe ilegalidad.

“De acuerdo con lo que sabemos de este tema, la fecha que da origen a la denuncia es la de la comisión de la conducta”, por lo que señaló que no existe impedimento en materia penal, pues cumple con la temporalidad y el momento en que se cometió, en este caso, el desvío de 39 millones de pesos para la compra de equipo para el tratamiento de basura.

Defensa puede pedir migración a juicios orales

No obstante, el abogado hizo mención a la inclusión de un artículo transitorio al sistema penal actual en el que en caso de que la defensa del acusado lo solicite, puede promover una incidencia que permita que Castillo Montemayor migre al nuevo sistema y pueda seguir su proceso en libertad al no ser un delito que amerite prisión oficiosa.

“Hay una reforma a los artículos transitorios del sistema acusatorio del 16 de julio y se estableció un quinto transitorio en el que se dijo que los delitos que no estén en la constitución con una prisión preventiva oficiosa –como el peculado–, se podría solicitar un incidente para que enfrentara el proceso en libertad y tengo conocimiento que la mayoría de los jueces han negado estos recursos aunque en la ley son válidos”, reveló.