Araceli Bautista, mamá del ex presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes, confirmó lo que CAMBIO adelantó en su edición del viernes pasado sobre el pago de una indemnización de un millón 700 mil pesos a Elia Tamayo Montes por la muerte de su hijo José Luis Tehuatle a cambio de la liberación de su vástago.

En entrevista telefónica con este medio y a través de declaraciones realizadas a un noticiario por internet, detalló que se trató de una negociación tras múltiples reuniones con el fiscal General Jurídico, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado (FGE), Enrique Flota Ocampo.

“Había un estándar que se dice que es de un millón 700 mil pesos, pero como dice la señora Elia: ‘yo no vendo a mi hijo’, no había otra opción, sobre la mesa nos pusieron que si no aceptaba la indemnización, únicamente el presidente de Chalchihuapan (su hijo Javier Montes) no saldría de la cárcel”, dijo.

Dicho funcionario tuvo la encomienda de dar cumplimiento a las últimas dos recomendaciones pendientes en el expediente 2VG/2014 ya que también fue quien encabezó la disculpa pública ofrecida a nombre de la administración de Rafael Moreno Valle a Elia Tamayo y al resto de pobladores de Chalchihuapan lesionados por policías el 9 de julio del 2014 cuando fueron desalojados de manera violenta de la Autopista Puebla-Atlixco, cuando exigían el regreso de las oficinas del Registro Civil.

Araceli acusa presiones para aceptar la indemnización

Bautista dijo que a Elia Tamayo no le quedó otra opción que aceptar la indemnización de un millón 700 mil pesos –200 mil pesos más de la cantidad que le ofertaron en un inicio– debido a que era la única forma para que su hijo, Javier Montes abandonara el penal de San Miguel.

Acusó al secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano de haber presionado personalmente a la madre de José Luis para cobrar el dinero e informó que enviarán una carta al titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez para que no dé carpetazo al caso, ya que según su versión, aún hay al menos dos órdenes de aprehensión contra habitantes de su comunidad.

“Nos dijeron en varias reuniones que si no aceptaba la indemnización, el alcalde de Chalchihuapan, mi hijo, iba a seguir en la cárcel (…) le explicó (Diódoro) en varias ocasiones a la señora Elia que varias órdenes –de aprehensión– que están ahí pendientes, se iban a ejecutar”, aseguró Araceli.

CAMBIO buscó la versión de la Secretaría General de Gobierno y el área de Comunicación Social confirmó el pago de la indemnización pero negó que Diódoro haya negociado con Elia Tamayo, debido a que se dio directamente con sus abogados en cuyas reuniones participó Araceli Bautista.

Trascendió que los abogados involucrados en el caso como Arturo Rivera Pineda y Alejandro del Castillo, cada uno cobró medio millón de pesos al gobierno estatal, mientras que Hilario Gallegos salió ‘bailando’ ya que no consiguió una ‘tajada’.