La Comisión Inspectora del Congreso del Estado presentó una iniciativa para crear la Ley de Rendición de Cuentas y de Fiscalización Superior, que dota de más facultades a la Auditoría Superior del Estado (ASE), entre las que destacan iniciar el proceso de fiscalización en tiempo real a los sujetos obligados, es decir, una revisión a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

Esta iniciativa que fue presentada por la presidenta de dicha comisión, Patricia Leal Islas, forma parte de las 11 modificaciones a la ley local para la implementación de las leyes secundarias anticorrupción.

Según la explicación que dio la diputada local, abonará a combatir la corrupción en la administración pública.

La iniciativa también obliga a presentar tres informes en torno a las cuentas públicas, los cuales deberán ser de carácter general, individual y específico, además que éstos deben ser públicos.

Por otro lado, plantea que la auditoría posee la facultad de promover responsabilidades administrativas en contra de los sujetos obligados, además de presentar denuncias administrativas y penales contra quienes no comprueben el destino de los recursos públicos.

En entrevista sobre el tema, Leal Islas señaló que una de las obligaciones más relevantes que adquirirá la Auditoría Superior del Estado será iniciar la revisión de las cuentas públicas a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, es decir las cuentas públicas de este año deberán ser estudiadas desde el próximo martes 2 de enero.

A partir de la aprobación de esta iniciativa, la ASE podrá imponer sanciones no sólo a los sujetos obligados a la rendición de cuentas, sino a todos los responsables del uso de los recursos, aunado a esto, los entes públicos fiscalizables deberán llevar a cabo un proceso de auditoría y rendición de cuentas por separado.

Además Leal Islas agregó que el nuevo ordenamiento establece que el estado financiero del estado deberá incluir la cuenta pública de cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la de cada uno de los órganos autónomos, y deberá ser entregado en un solo paquete especificando el ejercicio de los recursos de cada uno de los entes fiscalizadores.

“El gobierno estatal está obligado a entregar su cuenta pública en abril del año siguiente ante el Congreso y ante la Auditoría Superior del Estado por lo que respecta a los Ayuntamientos”, señaló.