Empresarios gasolineros del estado fingen demencia al afirmar que desconocen la razón social y la ubicación de las 11 estaciones de servicio clausuradas en Puebla por la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el periodo 2010–2015 por presunto nexo con el crimen organizado.
“No tenemos reporte, vi ayer la noticia y la verdad es que sí desconocemos qué estaciones son”, dijo a CAMBIO en entrevista telefónica el presidente de la Organización Nacional de Expendedores Petrolero (Onexpo), Rafael Zorrilla.
En su edición del martes, el medio de circulación nacional Excélsior publicó que Puebla registró 11 clausuras de gasolineras en dicho periodo y forma parte de 14 entidades en donde venían operando empresas de narcotraficantes. En total, 316 gasolineras fueron cerradas a nivel nacional por tener vínculos con cárteles de la droga.
El empresario entrevistado aseguró que al menos en su gremio no se ha registrado un problema de este tipo, pero no descartó que existan dueños de gasolineras que tengan nexos con las bandas del crimen organizado.
Los demás estados que registraron cierres en gasolineras por vínculos con bandas delictivas y narcotráfico fueron: Nuevo León (40), Tamaulipas (24), Veracruz (24), Estado de México (22), Jalisco (17), Baja California Norte (17), Coahuila (15), Sinaloa (14), Michoacán (14), CDMX (13), Puebla (11), Sonora (11), Zacatecas (11), Durango (10) y Chihuahua (9).
Un reporte de Pemex y la SHCP refiere que en los dos primeros años de dicho periodo fueron clausuradas 134, mientras que en el periodo del 2013 a 2015 se dio un aumento del 35 por ciento en los cierres de las gasolineras al alcanzar la cifra de 182.
En esta investigación se halló que las gasolineras eran utilizadas para el lavado de dinero por personajes como Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”. Petróleos Mexicanos reportó que diariamente se extrajeron de manera ilegal 23 mil 500 barriles de hidrocarburo, lo que significó una ganancia anual de 21 mil millones de pesos para los criminales.