Agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscarán una reunión con el gobernador electo, Antonio Gali Fayad para solicitar que entre las medidas de ahorros en el gasto público implemente reducción de salarios de los integrantes de su gabinete.

En una conferencia de prensa, el presidente de la cámara empresarial, José Antonio Quintana Gómez consideró que independientemente de la estrategia económica de mitigación de los efectos del gasolinazo que planteó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los mandatarios locales deben hacer lo propio.

Cabe citar que el mandatario saliente, Rafael Moreno Valle ha indicado que compete a Gali Fayad tomar medidas para ayudar a la economía familia, aunque él está dejando bases como propuestas de subsidiar el transporte público para evitar un alza en el costo del pasaje.

Quintana Gómez consideró que es importante que desde la administración pública se reduzca el gasto corriente, además de gastos en publicidad y en Comunicación Social con el fin de enfocar los recursos en desarrollo social. En la reunión que se dé con Gali, también buscan proponer la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales de los funcionarios públicos a fin de crear más empleos.

Sobre las estrategias planteadas por Peña Nieto, el líder de la Coparmex replicó la postura que mantiene el organismo a nivel federal de rechazo, al considerar que se trata de un planteamiento exprés que no está enfocado en mejorar la condición de vida de los mexicanos, además que los empresarios no fueron tomados en cuenta.

La Coparmex presentó una propuesta con 11 puntos, entre las que destaca eliminar por lo menos a la mitad de los 37 programas sociales duplicados que ha identificado el Coneval; establecer un programa para la implementación y armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y una ventanilla única a más tardar en 2018; entre otros.

El empresario dejó en claro que hasta que Peña Nieto aterrice las propuestas que plantea la Coparmex es que se sumarán al pacto que se propone a nivel nacional para proteger la economía familiar.

Hizo un llamado a construir una agenda social y aclaró que los 65 centros empresariales en todo el país no están en contra del gobierno, pero sí exigen medidas reales para enfrentar los efectos del alza en los combustibles.