Hace una década, miles de poblanos exigían la renuncia del ex gobernador Mario Marín, a través de la llamada “Marcha de la dignidad”, tras el escándalo con la periodista Lydia Cacho. Ya en el 2008 el mandatario dictaba la agenda de la nueva alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá, según revelaban fuentes al interior del Ayuntamiento.

Cinco años más tarde, era detenida la ex lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, sin que nadie saliera en su defensa.

En las primeras dos semanas de labor, Blanca Alcalá ya dio las primeras señales de lo que será su trabajo: aceptó la imposición de Juan de Dios Bravo como secretario de Gobernación Municipal por parte del marinismo.

También tomó con prudencia otras exigencias, como la de enviar a la oficina del gobernador, todos los días a primera hora, su agenda de trabajo diaria.

La alcaldesa debe esperar el visto bueno del gobernador sobre las reuniones que sostendrá, los eventos que encabezará, la gente que atenderá. Todo lo debe saber primero el gobernador, antes que nadie, según esta nueva relación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.

Blanca Laura Villeda Martínez, “La procuradora de hierro”, reveló que uno de los personajes que la ha amenazado de muerte fue el ex director de la Policía Judicial,  Adolfo Karam Beltrán. En entrevista para CAMBIO, la funcionaria marinista reconoció, por primera vez, que llamó “pendejo” a Karam cuando éste se insubordinó al presentar a Ezequiel Cano Maya como narcomenudista, y argumentó Villeda: “ me vi decente”.

“La Maestra” ignoró las señales que CAMBIO adelantó desde el 1 de diciembre cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente y anunció una reforma educativa para que el Estado recuperara el control de la educación. 88 días después, y tras una serie de bravatas y provocaciones, fue detenida por la PGR, un día después de la promulgación de la reforma, bajo los cargos de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. 2 mil 600 millones de pesos que usó para cosméticos, ropa, cirugías, joyas y pago de servicios aeronáuticos. Luego de ingresar al penal de Santa Martha Acatitla, nadie la llora. Ni el SNTE ni su millón de maestros. Tampoco Nueva Alianza. Y mucho menos su ahijado Rafael Moreno Valle.

Miles de mujeres, hombres, niños y universitarios se manifestaban en la “Marcha de la dignidad” para exigir a través de gritos y pancartas la renuncia del gobernador Mario Marín Torres. Durante el trayecto de Paseo Bravo al Zócalo, el contingente expresaba que no eran acarreados, a diferencia de los manifestantes promarinistas que salieron la semana pasada a defender a su “góber precioso”.

Ya en la Plaza de Armas, a través de una carta, Lydia Cacho Ribeiro le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación retirarle el fuero a Marín Torres “para que enfrente las consecuencias de haber traicionado la confianza de la ciudadanía poblana, haber violentado el estado de derecho y protegido al crimen organizado”.

A casi 500 millones de pesos ascienden todas las irregularidades en las que incurrió el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, pues de los 239 millones de pesos que asignó de manera directa, se le suman 230 millones por el concepto de invitación de tres a cinco constructores, rebasando el límite marcado por la legislación estatal, según consta en documentos oficiales de esa dependencia.