Viernes, 26 de Abril del 2024
Indicador Político

Luego de estar en el cajón de los olvidos por años, el asesinato del columnista Manuel Buendía el 30 de mayo de 1984 regresó al espacio político de la ola de crímenes contra comunicadores. El homicidio de Buendía inició el ciclo de la violencia de los cárteles de la droga y sus aliados políticos que se reprodujo el pasado 15 de mayo con el acribillamiento del columnista y escritor Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa.

Luego de haberle quitado calidad a la política y hundirla en el insulto cotidiano –‘lambiscones’, ‘mafiosos’–, Andrés Manuel López Obrador recibió el jueves un huevazo como taza de su propio chocolate. El lenguaje de la violencia verbal no provoca sino más violencia.

Con el escenario político a su servicio, con medios en busca sólo de ataques y contrataques y sumando a Morena personal de la mafia priista en el poder, Andrés Manuel López Obrador está construyendo una coalición partidista y política que sólo reproducirá en la presidencia los viejos vicios priistas.

De nueva cuenta, como viene ocurriendo desde 1984 en que la complicidad narco-policías asesinó al columnista Manuel Buendía, de Excelsior, los periodistas salen a la calle a gritar justicia, pero se encuentran con una estructura política-judicial-penal más articulada al crimen organizado que a la sociedad.

La otra paradoja que existe en la petición al Estado y a los gobiernos de garantías de seguridad para el trabajo de la prensa independiente y crítica, radica en la evaluación que hizo la oficina Artículo 19: casi la mitad de las agresiones contra periodistas ha sido por parte de funcionarios de ese Estado y de esos gobiernos.

Puede resultar paradójico que los periodistas le exijan al gobierno y al Estado mayores garantías para desarrollar el periodismo de denuncia contra la gangsterización del mismo y la complicidad de instancias de gobierno de todos los partidos con los cárteles del crimen organizado.

Si López Obrador cree que la carrera presidencial es de ¼ de milla para potros novatos, la mexicana es consideraba un raid Kalibar Al-Andalus como carrera de largo plazo, nada menos que de 400 kilómetros. Por ello la desesperación del tabasqueño porque le den por adelantado las llaves de Los Pinos, sobre todo porque apenas Miguel Angel Mancera comienza a hacer sus prácticas de calentamiento.

Al comenzar el año de 1990, el entonces regente Manuel Camacho Solís se reunió por separado con varios periodistas críticos para pedirles que aceptaran escoltas policiacas especiales porque el ambiente se estaba enrareciendo. Con columnistas y articulistas su argumento fue impecable: ‘no quiero otro Manuel Buendía’, el columnista asesinado en las calles del DF.

Justo cuando las Fuerzas Armadas comenzaban una operación de penetración en la zona de huachicoleros en Puebla con el objetivo de desmantelar a ese cartel de crimen organizado y cuando comenzaba el debate sobre la ley de seguridad interior, un video fabricado sobre el incidente en El Palmarito quiso afectar el posicionamiento del ejército.

Aunque pudiera ser paradójico, resulta que observadores internacionales consideran la fortaleza/debilidad de un Estado en dos temas centrales: fuerza del aparato de seguridad y legitimidad del gobierno.

Los críticos de la Ley de Seguridad Interior han equivocado sus objetivos: el problema no radica en que el Estado mexicano asuma la realidad de la delincuencia organizada transnacional, sino que se localiza en el hecho de que la seguridad interior tiene que ver con la promoción del desarrollo. Y la política económica aprobada por legisladores limita el PIB a 2 % promedio anual porque la prioridad no es el desarrollo sino la estabilidad macroeconómica.

Sólo intenciones políticas manipuladas podrían tratar de articular negativamente los casos de Palmarito y la ley de seguridad interior: el primero fue un exceso de fuerza de un soldado que ya fue condenado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional y la segunda es urgente para construir el marco jurídico que considera la violencia del crimen organizado como un asunto de seguridad nacional dentro del territorio.

WASHINGTON, DC. Pasados los primeros cien días de gobierno, el presidente Donald Trump todavía no puede romper con el cerco del Estado burocrático que domina las estructuras de toma de decisión y carece de una política estratégica de comunicación social para enfrentar a los medios liberales y dominantes actuando como partidos de oposición.

WASHINGTON, D C. Luego de los primeros cien días en la Casa Blanca que indican el plazo funcional del bono electoral, el saldo que se percibe aquí no deja satisfechos ni a críticos ni a aliados, pero es el más cercano a la realidad: el tránsito político del gobierno personal de Donald a la institucionalización de la Administración Trump.

Rumbo a la construcción de un frente cívico plural que busca reproducir las experiencias de Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo; un sólido grupo de movimientos ciudadanos de Morelos realizará hoy un foro ciudadano para denunciar el fracaso del gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, y definir su rumbo político por el proceso local con el objetivo de elegir gobernador en el 2018.

Al cumplir el viernes 5 de mayo 28 años de existencia, el Partido de la Revolución Democrática enfrenta cinco problemas básicos que estallarán en el escenario del proceso presidencial del 2018: