Los activistas de los Pueblos Originarios que piden el cierre del basurero de Cholula expresaron su preocupación por posibles represalias gubernamentales. Lo anterior, por las cinco carpetas de investigación contra igual número de probables miembros del movimiento.
De acuerdo con sus declaraciones, dichas acciones buscan desestabilizar su lucha contra la contaminación ambiental.
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Los miembros del movimiento sostienen que el basurero de Cholula contamina el aire, el agua y la tierra. Además, carece de la documentación necesaria para operar.
“Estas carpetas de investigación son una medida de represión”, afirmaron.
La empresa responsable del basurero, Profaj Hidro Limpieza, y sus trabajadores han argumentado pérdidas económicas debido a las demandas del movimiento. Los activistas, sin embargo, temen que las investigaciones por su oposición al basurero de Cholula puedan ser un pretexto para fabricar delitos adicionales como el robo, y así justificar futuras detenciones.
El movimiento de los Pueblos Originarios no tiene líderes visibles, pero sí compañeros que han sido más prominentes en la protesta, lo que aumenta el temor por su seguridad.
“Nuestro único delito es defender el medio ambiente”, declararon, haciendo responsables a las autoridades y a la empresa de cualquier eventualidad.
Finalmente, los activistas confían en que la Procuraduría Federal en Defensa del Ambiente (Profepa) tomará medidas para clausurar el basurero de forma definitiva.
