En el marco del séptimo foro del diálogo nacional, el diputado federal Ignacio Mier destacó los avances en la definición de criterios para evitar la designación de jueces, ministros y magistrados por cuotas y amistades, como parte de la propuesta a la Reforma Judicial.
Mediante un comunicado, Mier Velazco informó que se han tenido encuentros con ministros de la Suprema Corte que coinciden en la posibilidad de revocar nombramientos si así lo decide la ciudadanía.
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“El pueblo es sabio y sabe elegir. Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban de permanecer en el cargo, o bien, deban de ser removidos”.
Ignacio Mier señaló que el objetivo es romper con el régimen de cuotas y seguir el ejemplo de la exitosa elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la Cámara de Diputados.
Por su parte, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, manifestó su disposición a colaborar con el Congreso de la Unión para organizar la eventual elección de juzgadores en los términos que determine el Poder Legislativo.
“El INE es un organismo especializado en la organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos que garanticen un proceso altamente exitoso”.
Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, coincidió en que el voto popular permitirá evaluar el desempeño de los jueces y magistrados.
“Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban de permanecer en el cargo, o bien, deban de ser removidos”.
En tanto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso establecer un artículo transitorio que permita que los magistrados y jueces actuales participen en una jornada electoral de revocación de cargo dentro de su circunscripción electoral. De esta manera, su nombramiento podría ser revocado si así lo decide la mayoría de la ciudadanía.
Esquivel Mossa también sugirió que aquellos que ya trabajan en los órganos jurisdiccionales puedan acceder a los procesos de elección popular de manera prioritaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la iniciativa.
