El alcalde del municipio de San Juan Tianguismanalco, Martín N., tiene medidas cautelares: tendrá que permanecer en el estado, no volver a manejar un automóvil y acudir a firma periódica.
Esto, ya que se encuentra bajo escrutinio judicial después de ser vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en un trágico accidente automovilístico que cobró la vida de Miguel N. el pasado 16 de enero de 2024.
El fatídico suceso tuvo lugar en la carretera a San Juan Tianguismanalco, específicamente en el paraje Tomatepec, en el municipio de San Jerónimo Tecuanipan. Miguel N., quien transitaba en su motocicleta, fue víctima de un atropello mortal. A pesar de las medidas desplegadas, la vida de Miguel ya se había extinguido al ser hallado en el lugar del accidente.
La Fiscalía emprendió una exhaustiva investigación que abarcó desde inspecciones en el sitio del incidente hasta análisis periciales y entrevistas a testigos clave.
Como resultado de estas diligencias, el 25 de enero de 2024, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Martín N. El mismo posteriormente buscó ampararse legalmente.
No obstante, a su retorno a sus funciones como alcalde, Martín N. enfrentó acusaciones de funcionarios locales por presuntas arbitrariedades. Entre estas, despidos injustificados y clausura del registro civil, además de un supuesto intento de agresión física contra la titular de dicha dependencia.
En la audiencia judicial celebrada el 22 de febrero, la Fiscalía formuló imputaciones contra Martín N. por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena a título de culpa, aplicándoles diversas medidas cautelares.
A pesar de la solicitud de duplicidad del plazo para resolver su situación jurídica, el juez de control tomó la decisión de vincularlo al proceso el pasado 28 de febrero.
Estas son las medidas cautelares
Como medidas cautelares, se impusieron a Martín N. diversas restricciones, incluyendo la firma quincenal, la prohibición de abandonar el Estado, la suspensión de su derecho a conducir vehículos motorizados o eléctricos y la orden de mantenerse alejado de los afectados.
Además, se estableció un plazo de dos meses para completar la investigación complementaria.
Este avance en la investigación representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para Miguel N. y sus seres queridos.
