La Reforma al Poder Judicial atiende una demanda ciudadana y tenía que legislarse, sentenció Edgar Garmendia de los Santos, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), después de su aprobación en el Congreso de Puebla.
La noche de este 11 de septiembre, Morena y sus aliados en el Congreso de Puebla aprobaron por mayoría de votos el dictamen de Reforma constitucional al Poder Judicial, que representó el lugar número 12 de las entidades federativas.
Un día después, Edgar Garmendia informó que la minuta que les llegó del Senado solo requería su aval en los Congresos Locales.
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“Nos llegó para opinión porque es una modificación constitucional (…) ahora sigue implementar las leyes secundarias para que se vayan especificando cada punto”, comentó.
En entrevista en el patio del Congreso de Puebla, Edgar Garmendia señaló que se debe atender de raíz un nuevo modelo de gobierno, con el claro propósito de ayudar a la ciudadanía.
“Una reforma tiene que ser modificada de raíz para que pueda implementar una forma de gobierno, no se puede seguir arrastrándola desde hace mucho tiempo”, comentó.
Declaró que el Congreso de Puebla no buscó quedar bien con un gobierno o un partido político con la aprobación a la Reforma al Poder Judicial, sino con la ciudadanía.
“Porque al final, no se busca quedar bien con un partido o con los diputados, se tienen que buscar quedar bien con los ciudadanos, que hoy exigen justicia”, comentó.
Edgar Garmendia reiteró que el principal argumento para defender la reforma al Poder Judicial es “dar la voz a la ciudadanía”, en particular atender a los grupos vulnerables, entre ellos los grupos indígenas.
También defendió que las reformas fueron dialogadas en foros ciudadanos desde febrero de 2024, cuando las presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Además de que en Puebla hubo un acercamiento con los trabajadores del Poder Judicial y otros grupos, para explicar los alcances y todas las implicaciones.
La ley aprobada establece una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, así como la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos disciplinarios independientes y nuevas reglas procesales.
