La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para adicionar hechos en el grooming o ciberacoso sexual que endurece las penas superiores a ocho años de prisión.
La propuesta busca que se integre al delito el hecho de “capturar y proporcionar imágenes, fotografías, grabaciones de audio o video, o cualquier material con contenido erótico, sexual o pornográfico, a través de las tecnologías de la información y comunicación, como internet, redes sociales, inteligencia artificial, teléfono, transmisión de datos u otro sistema de comunicación”.
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Además, el artículo 278 Octies modifica la redacción para reforzar la protección a menores de edad, al hacer énfasis que quien no acuda a la autoridad competente a denunciar cualquier tipo de violación sexual, será castigado de cuatro a catorce años de prisión.
“Este tipo de violencia digital es una violencia igual de real que la física; a través del engaño se ganan la confianza del menor y logran que se tomen fotos de su cuerpo de manera sugerente, con contenido sexual o pornográfico, mismas que los acosadores utilizan en distintas circunstancias con fines sexuales para satisfacerse a sí mismos o para vender”, alertó la legisladora.
El proyecto también incluye una reforma a la Ley de Educación en el que se prevén campañas y acciones de prevención de todas las formas de violencia digital contra niñas, niños y adolescentes.
La legisladora señaló que el propósito es garantizar el acceso y el uso seguro del internet y las tecnologías de la información y comunicación, así como la enseñanza de los derechos digitales, promoviendo estrategias, acciones y políticas públicas de seguridad y ciberseguridad.
El grooming es una conducta en la que adultos se hacen pasar por menores de edad para contactar a niñas, niños y adolescentes a través de internet, con el propósito de ganar su confianza y luego acosarlos o controlarlos emocionalmente y chantajearlos con fines sexuales.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Educación, para su análisis y resolución correspondiente.
