El diputado del Partido del Trabajo (PT), Óscar Mauricio Céspedes Peregrina propuso una reforma al Código Civil, con el objetivo de incorporar y registrar en el Buró de Crédito a quienes incumplan con el pago de pensión alimenticia provisional o decretada mediante sentencia.
Informó que de acuerdo con el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, Puebla se encuentra en segundo lugar nacional con más de 800 mil poblanos que no pagan la pensión alimenticia.
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En tribuna, el también presidente de la Mesa Directiva comentó que uno de los compromisos que adquirió en campaña fue “fortalecer los mecanismos en favor de las mujeres poblanas y el tema de la pensión alimenticia”, ante el aumento de violencia contra las mujeres.
“Se estima que los padres que ejercen violencia vicaria, el 80 por ciento son deudores alimentarios (…) Por ello, propongo una iniciativa que contemple que ante el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias a los deudores se registren no solo en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, sino que también en el Buró de Crédito, teniendo como afectación a estos en la restricción para acceder a créditos o beneficios crediticios”, agregó.
Mauricio Céspedes comentó que la pensión alimenticia es un derecho fundamental que garantiza el bienestar y desarrollo integral de las y los menores. Sin embargo, en muchos casos, los obligados a su pago incumplen con esta responsabilidad, lo que genera consecuencias negativas para los infantes.
El legislador propone adicionar el artículo 516 Bis del Código Civil para el Estado en el que se estipula que en caso de incumplimiento del pago de pensión alimenticia provisional o decretada mediante sentencia, la autoridad judicial deberá de informarlo a las autoridades encargadas del Buró de Crédito para la incorporación y registro correspondiente del deudor.
Con la reforma, la autoridad judicial deberá de informar al deudor sobre su registro en el Buró de Crédito.
En tanto, una vez cumplida la obligación alimentaria por parte del deudor, la autoridad judicial deberá de informarlo a las autoridades encargadas del Buró de Crédito para su eliminación del historial crediticio.
En caso de aprobarse la reforma, los registrados por incumplimiento no podrán acceder a créditos personales, hipotecarios o cualquier otro tipo de financiamiento hasta regularizar su situación, así como la restricción de obtener tarjetas de crédito o impedimentos para el aumento de su monto.
El tema estará en análisis con los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia; y para que sea aplicable, tendrá que ser aprobada por el Pleno.
