Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo promovido por Juan Lira Maldonado para evitar ser vinculado a proceso por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”.
El ex candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Chignahuapan, presentó un recurso de revisión ante la Primera Sala de la SCJN, dentro del expediente 127/2024, el cual quedó bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
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De acuerdo con el proyecto, los ministros de la Primera Sala no detectaron algún problema de constitucionalidad, después de que un juez de control vinculó a Lira Maldonado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”.
“Esta Primera Sala no detecta algún problema de constitucionalidad en el penúltimo párrafo del artículo 453 y los requisitos ahí establecidos para que el juez de control determine si es procedente vincular a proceso al imputado. Entre otros aspectos, esta norma no revierte la carga de la prueba, de tal forma que sea al imputado a quien corresponda probar el origen lícito de sus recursos, derechos o bienes” cita el proyecto.
Sin dar posicionamientos, los ministros Loretta Ortiz Ahlf y Juan Luis González Alcántara Carrancá, votaron en contra del proyecto; mientras que Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el presidente de la Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, votaron a favor.
Juez obliga a Juan Lira comprobar la procedencia lícita de sus bienes
Dentro de la audiencia de vinculación a proceso de Juan Lira Maldonado, el agente del Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el excandidato de Fuerza por México compró bienes entre 2014 y 2020 a través de testaferros o “prestanombres”.
El documento exhibió que Lira Maldonado adquirió seis inmuebles y predios; además de cinco vehículos, entre los que destacan una camioneta Cheyenne, un Honda Odyssey, GM Buick Enclave.
Por lo que durante la audiencia, el juez determinó que el ‘presunto delincuente’ deberá comprobar la compra lícita de los bienes muebles e inmuebles.
“Entre otros aspectos, esta norma no revierte la carga de la prueba, de tal forma que sea al imputado a quien corresponda probar el origen lícito de sus recursos, derechos o bienes”.
