El Congreso de Puebla aprobó el segundo paquete de Leyes de Ingresos para el 2025 de 64 municipios, de los cuales 37 incluyen el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), sumando a 86 ayuntamientos que agregaron este impuesto que se ve reflejado para los ciudadanos en su recibo de luz que emite la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cada dos meses.
Actualmente son tres de cada cinco municipios en la entidad los que buscarán cobrar este servicio a sus pobladores.
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Hasta el momento, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en el Congreso de Puebla, Guadalupe Vargas informó que 158 municipios de los 217 en el estado, es decir, un 73 por ciento sumó la fórmula de cobro del DAP para el ejercicio fiscal de 2025.
La próxima semana cerrarán con la revisión de 83 ayuntamientos entre los que destaca la capital poblana y la zona metropolitana. En esta lista 72 municipios más pedirán el DAP, aunque el tema aún está en proceso por lo que aún se desconoce quiénes integran esta lista.
El 5 de noviembre, el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui Budib reveló que continuará el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la Ley de Ingresos 2025, como se ha manejado en la pasada administración.
Segundo paquete de Ley de Ingresos con 64 municipios
En la lista de las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2025 destacan los municipios de Ahuehuetitla, Amixtlán, Atexcal, Atlequizayán, Atlixco, Atzitzihuacan, Axutla, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, Coxcatlán, Coyotepec, Cuautinchán, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Chapulco, Chiautla, Chila, Eloxochitlán, Esperanza y Guadalupe.
Además de Huatlatlauca, Hueyapan, Huitzilan de Serdán, Izúcar de Matamoros, Jonotla, Jopala, Juan C. Bonilla, Juan Galindo, Juan N. Méndez, Los Reyes de Juárez, Naupan, Nauzontla, Nicolás Bravo, Palmar de Bravo, Piaxtla, Quimixtlán, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Xayacatlán, San José Miahuatlán y San Juan Atenco.
Puebla se suma a aprobar leyes federales
Asimismo, los diputados del Congreso del Estado aprobaron dos dictámenes de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que envió el Senado, el primero en materia de prisión preventiva oficiosa y la erogación de diversos organismos autónomos.
Sobre la prisión preventiva oficiosa se integran los delitos de extorsión y previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
También, en los casos de contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley.
Por mayoría de votos también suprimieron a los organismos autónomos como son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), además de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
