Este lunes arranca el Congreso de Puebla el proceso para nombrar al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la renuncia de Gilberto Higuera Bernal el fin de semana en su búsqueda como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este domingo, la Mesa Directiva del Congreso de Puebla notificó de la renuncia y la designación de Ulises Sandal Ramos Koprivitza, quien se queda como encargado de despacho hasta el 20 de diciembre.
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Al respecto fueron convocados los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para dar paso al proceso.
La presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García anunció un proceso para la elección del nuevo titular por un periodo de siete años.
Sobre el proceso informó que se evaluarán y propondrán hasta a 10 perfiles de los que emanará una terna que envié el gobernador Alejandro Armenta Mier.
“Iniciaremos el procedimiento correspondiente en el Congreso para nombrar al nuevo fiscal. El 20 de diciembre celebraremos una sesión extraordinaria para elegir al titular tras completar el proceso de selección”, declaró.
Laura Artemisa García informó que de acuerdo a la ley no se emitirá una convocatoria y seguirán el proceso para el próximo titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
De acuerdo con la ley “a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado”, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes” del Poder Legislativo. El miércoles se prevé tener el nombre.
“Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna de entre los integrantes de la lista, y la enviará a la consideración del Congreso”, dice la legislación poblana.
Los diputados votarán la terna el próximo 20 de diciembre, puntualizó Artemisa al referir que se cuentan con el fundamento legal.
Para ser Fiscal General del Estado se requiere: ser ciudadano mexicano, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su designación; ser profesional del derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima de diez años; además de “gozar de buena reputación; y no haber sido condenado por delito doloso”.
