La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño patrimonial de 2.1 millones de pesos en el pago de trabajadores que no acreditaron requisitos académicos y cuyos salarios fueron pagados con recursos del ‘Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos’ en la cuenta pública 2023 del Gobierno del Estado de Puebla.
Lo anterior de acuerdo con el primer reporte del ‘Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2023’, que fue publicado el pasado viernes por la ASF.
De acuerdo con el documento, la ASF solo realizó la revisión del ‘Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos’, en los que se determinaron 22 resultados; de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades, y ocho más fueron solventados por el Gobierno de Puebla.
En tanto, en tres de ellos, se determinó un presunto daño patrimonial acumulando un total de 2 millones 167 mil 844.26 pesos.
Estas presuntas irregularidades se detectaron en el pago del personal del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) y del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Puebla (IEEA).
El primer pliego de observaciones fue por un monto de 847 mil 821.29 pesos detectados en el Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), por los pagos realizados a dos servidores, con los puestos de ‘Jefe de Proyecto’ y ‘Coordinador Ejecutivo II’, sin acreditar el contar con el grado de licenciatura requerido para el puesto.
Además de otros cinco puestos de trabajo, como ‘Coordinador de Unidad de Servicios Especializados en Programación y Presupuesto’, ‘Administrativo Especializado’, ‘Jefe de Oficina’, ‘Auxiliar de Administrador’ y ‘Especialista en Proyectos Técnicos’ que no cuentan con los requisitos académicos solicitados. Sus salarios tuvieron un valor de un millón 57 mil 56.28 pesos.
Y por último, se observaron 262 mil 966.69 pesos pagados a un trabajador del Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Puebla (IEEA), del cual no se acreditó que cumpliera con los conocimientos solicitados en la Cédula de Valuación de Puestos.
Asimismo, se emitió un procedimiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en contra de los servidores públicos que presentaron una copia certificada de una cédula profesional a nombre de un servidor público, cuyos datos difieren de los que se verificaron en el Registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
