La impunidad en el delito de trata de personas es uno de los principales problemas en Puebla, revela un informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que confirma que no se atendieron el 89.5 por ciento de las investigaciones de 2022.
El análisis ‘Manual sobre trata de personas’ elaborado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la SCJN, indica que la entidad poblana se encuentra en las 13 entidades con mayor índice de exención.
Informa que en el país se iniciaron 802 carpetas de investigación en 2022, hubo 164 procesos penales iniciados y 86 sentencias.
En los últimos tres años, la incidencia de impunidad no ha tenido variables en México. En 2019 fue de 84 por ciento, en 2020 y 2021 fue de 85 por ciento. Apenas en 2022 registró un pequeño repunte de 84.2 por ciento.
La impunidad ha sido entendida por la Corte Interamericana como “la falta, en conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos”.
En el país, la impunidad al 100 por ciento de los delitos de trata de personas están identificados en Baja California, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Colima, y Baja California Sur.
Nueve de cada 10 delitos sin enjuiciamiento están en los estados de Puebla, Chihuahua y Quintana Roo.
La SCJN reporta que una gran parte de estos delitos “se quedan en la cifra negra de las desapariciones no reportadas y las desapariciones reportadas en las que no se logra avanzar” hacia el esclarecimiento. Hombres y mujeres están vulnerables o en riesgo de caer en una red de tratantes.
Los ministerios públicos, refiere el informe, coinciden en que, entre los desafíos de la investigación del delito de trata de personas, está la atención a las víctimas.
También en ocasiones las víctimas “tienen temor sobre represalias, por lo que prefieren no denunciar ni señalar a miembros de la red de trata y de protección a los tratantes”.
Los agentes de investigación criminal de este delito también mencionan que existe falta de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, para que cooperen con sus pesquisas. Además de mejorar el enfoque y atención con perspectiva de género.
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