La coordinación del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso de Puebla propuso una reforma a la Ley Electoral para que quienes participen en grupos de choque, campañas negras y guerra sucia, para amedrentar, amenazar e inducir a la coacción y compra del voto por medio de programas sociales, sean sancionados.
En la iniciativa de César Enrique Hernández Mota, propone que se reformen los artículos 228 BIS y 392 BIS del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, para incluir términos como “grupo de choque” así como “programas sociales” en la ley.
En la modificación al artículo 228 Bis se integra que quien oferte, prometa o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, incluidos los programas sociales, deberá ser sancionado.
Además, se integra en la redacción: “Así mismo queda estrictamente prohibido que participen en grupos de choque, campañas negras y guerra sucia, para amedrentar, amenazar e inducir a la coacción y compra del voto”,
Ambas conductas se presumirán como indicio de presión al elector para obtener su voto, y será considerada un delito en materia electoral y se sancionará conforme a lo señalado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Mientras que el artículo 392 Bis incluye que el uso de programas sociales, en específico, por parte de los funcionarios públicos, funcionarios electorales, partidos políticos, dirigentes políticos, candidatas o candidatos con fines electorales para inducir o coaccionar el voto también se considerará como un delito.
Lo anterior ante las denuncias mediáticas que se presentaron en la pasada contienda electoral, en la que se expuso la entrega de calentadores hasta tinacos en época electoral.
De acuerdo con el diputado de MC, Enrique Hernández actualmente no existe prohibición para que las autoridades operen los programas sociales que ya se hubieren establecido, pero sí debe suspender o retirar su propaganda, durante el tiempo que media entre el inicio de las campañas electorales y el cierre de las casillas.
“Se debe de evitar que se utilicen programas de gobierno para inducir el sufragio ciudadano, o bien, para que vote a favor de determinada candidatura, partido político o coalición”, opinó.
A la iniciativa ningún partido se adhirió y para su análisis además de estudio fue turnada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
