Para hacer contrapeso a los abusos de Agua de Puebla, el candidato a la presidencia municipal de Puebla por el PRIANRD-SI, Mario Riestra Piña propuso crear la Defensoría del Usuario del Agua y se comprometió dar “transparencia total al título de concesión”.
El proyecto surge, dijo Mario Riestra como respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía respecto al servicio de agua potable en Puebla.
Desde este espacio se abordará problemas como el mal servicio, cortes indebidos, falta del líquido y abusos por parte de la empresa concesionaria Agua de Puebla.
Se trata de un compromiso que hizo el abanderado a la alcaldía con sus compañeros y candidatos a diputados locales, además de los federales con los habitantes de la ciudad de Puebla.
Entre los compromisos estará la creación de una oficina municipal de Atención del Usuario del Agua, así como un departamento de Defensoría del Consumidor del Agua.
Mario Riestra propone como descuentos a personas de la tercera edad, madres solteras, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.
Además de la operación de 50 pozos de absorción para la captación y aprovechamiento del agua pluvial. Para quienes carecen del servicio, propuso pipas a bajo costo por parte del municipio.
“Rendición de cuentas por parte de la empresa y del Soapap a través de informes trimestrales”, señaló Riestra.
También se hará la evaluación de los compromisos de inversión por parte de la concesionaria, a través de un mecanismo democrático para elegir Consejeros Ciudadanos del Soapap en lo que compete al municipio de Puebla.
Por su parte, Manolo Herrera, candidato al diputado local por el distrito 16, destacó situaciones alarmantes donde se manipula el acceso al agua en unidades habitacionales para influir en la decisión de los ciudadanos como pasó en La Margarita, donde su adversaria Graciela “Grace” Palomares ofreció pipas de agua en un recorrido como parte de la campaña.
Finalmente José Juan Espinosa, candidato a diputado federal por el distrito 11 acusó que Morena no cumplió con su promesa de retirar la concesión a la empresa y que se debe tener un plan para atender el problema que afecta a la ciudadanía.
