Eurípides Flores, titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP Federal, en representación del secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, y Uriel Erazo García, delegado de la Profeco en Puebla, firmaron una Carta de Implementación destinada a fortalecer la protección de los derechos de madres, padres y estudiantes que optan por servicios educativos particulares en Puebla y Tlaxcala.
Eurípides Flores mencionó que este acuerdo se realizó de cara al inicio del próximo ciclo escolar 2025–2026, ya que Puebla se encuentra entre las entidades con mayor número de instituciones privadas de nivel medio superior y superior.
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“La educación es un derecho, no una mercancía ni un privilegio. Con esta Carta de Implementación buscamos que quienes acudan a escuelas particulares lo hagan con la certeza de recibir un servicio oficial, reconocido por la SEP, en condiciones de transparencia, regularidad y sin cobros indebidos”, afirmó Eurípides Flores.
Por su parte, Erazo García explicó que esta coordinación permitirá supervisar a las instituciones privadas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de servicios educativos, así como de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
También, reconoció que, aunque la mayoría de las escuelas cumplen con la normativa, la Oficina de Defensa del Consumidor ha recibido quejas relacionadas con servicios educativos, lo que hace indispensable la colaboración entre ambas instituciones.
La Carta de Implementación establece acciones inmediatas de información, supervisión y verificación en colegios particulares, además de mecanismos para atender y canalizar quejas en tiempo real, asegurando que las familias ejerzan plenamente su derecho a una educación con certeza y a un consumo justo.
De esta manera, ambos funcionarios reafirmaron su compromiso de garantizar la educación de niños y jóvenes, anunciando supervisiones constantes en colegios particulares y la aplicación de sanciones, que pueden incluir multas o la suspensión de servicios educativos, en caso de detectar irregularidades.
