La Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla presentará ante el Congreso de Puebla su propia iniciativa de Ley de Participación Ciudadana en la que destaca revocación de mandato para todos los funcionarios públicos que llegan por elección popular. Resaltó que esta cuenta con el respaldo de más 20 organizaciones sociales.
En rueda de prensa, el cuerpo colegiado que presentó la iniciativa señaló que Puebla, Estado de México, San Luis Potosí y Campeche son las únicas entidades del país que no cuentan con una legislación que garantice la acción de la sociedad civil. Destacaron que esta carencia limita el ejercicio democrático de la ciudadanía.
Recordaron que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha mostrado disposición para respaldar la aprobación de una ley de este tipo. Lo que abre la posibilidad de un consenso político y social en el Congreso local.
El rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, lamentó que hasta ahora no exista una norma de participación ciudadana, pero afirmó que nunca es tarde.
Enfatizó que la propuesta presentada surge del consenso de más de 20 organizaciones sociales, lo que le da legitimidad y pluralidad.
Por su parte, Roberto Ignacio Alonso, investigador de la Ibero, subrayó que se trata de una ley única en su tipo, ya que no parte de un partido político.
Señaló que, en la actual legislatura de Puebla existe un espacio de diálogo para construir acuerdos y enfatizó que el Congreso local “es la puerta que queremos tocar”.
La Ley de Participación contempla un mecanismo de participación
Luis Javier Moreno, codirector de Política Colectiva, detalló que la iniciativa contempla una amplia gama de mecanismos de participación. Entre ellos iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, audiencias públicas, cabildo abierto, colaboración ciudadana, comités de participación, consejos consultivos, consulta pública, contralorías sociales, mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes, planeación participativa, presupuesto participativo, parlamento abierto y comparecencias públicas.
Los impulsores destacaron que, con el plebiscito y el referéndum se requeriría el respaldo del 0.5% de la lista nominal; para las audiencias públicas, bastarían 100 firmas estatales o 50 municipales.
En el caso del presupuesto participativo, se busca que una parte relevante del gasto público pueda ser definida por la ciudadanía. Tomando como ejemplo experiencias exitosas en municipios como Ciudad Juárez y Chihuahua.
Finalmente, la iniciativa fue entregada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal.
Sus promotores confían en que se inicie un debate que dote a Puebla de un marco legal robusto, plural y democrático para garantizar los derechos ciudadanos y abrir nuevos espacios de incidencia social en la vida pública.
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