El Juzgado de lo Civil y Mercantil emitió una sentencia definitiva que condena a la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla a pagar 504 mil 600 pesos a la agencia de publicidad digital Base 10 S.A. de C.V, tras un juicio oral mercantil, en el que se determinó que la universidad incurrió en un incumplimiento de contrato contractual desde 2023.
La sentencia, con número de expediente 1402/2024, establece que la agencia Base 10, representada por su apoderado legal Roberto Reyes Aguilar, “justificó los elementos constitutivos de su acción”, mientras que la parte demandada no acreditó sus excepciones. En el fallo, el juez ordena a la universidad a cumplir con sus obligaciones contractuales relacionadas con los servicios de estrategia digital y redes sociales, prestados entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2023.
Además de la cantidad principal, la Comunidad Universitaria del Golfo Centro A.C., nombre legal de la Ibero Puebla, deberá pagar intereses moratorios a la agencia Base 10 a una tasa legal del 6% anual. Estos intereses se calcularán a partir del día siguiente a la fecha del incumplimiento, que fue el 16 de abril de 2021, hasta que el adeudo sea liquidado por completo. No se impusieron gastos ni costas del juicio a ninguna de las partes.
Es un llamado a la congruencia: José Luis Flores
El director general de Base 10, José Luis Flores afirmó que la sentencia no representa una victoria contra la universidad, sino un llamado a la congruencia. Señaló que la institución se ha definido a sí misma por su compromiso con la justicia y la ética, y que cumplir con un fallo judicial es una forma de ejercer esos valores.
“Base10 ha reiterado su disposición al diálogo y a explorar mecanismos de conciliación para evitar que el litigio se prolongue y continúe afectando la reputación de la universidad’.
La defensa legal de la universidad argumentó que el contrato con Base10 no era exigible porque no había sido firmado por el rector o por un representante legal con facultades expresas. No obstante, el juez desestimó este punto, ya que la misma abogada de la universidad reconoció que este tipo de contratos no requiere formalidad escrita.
En el mismo sentido, la abogada general de la Universidad Iberoamericana Puebla pretendió que los servicios no fueran exigibles, aludiendo a que estos fueron solicitados y recibidos por personal operativo y no por el representante legal. Sin embargo, esta postura contradice los principios básicos del derecho mercantil. El Juzgado consideró que, dado que la universidad contrató, recibió y se benefició del servicio, tiene la obligación legal y moral de pagarlo.
El documento de la agencia Base 10 advierte que, si la universidad promueve un recurso legal adicional, como un juicio de amparo, el monto del adeudo continuará incrementándose. En caso de que la sentencia no sea cumplida voluntariamente, se podrían iniciar procedimientos de ejecución forzosa.
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